MADRID.- La perspectiva de la revisión de la lista de paraísos fiscales, propuesta por Alemania y Francia de cara a la cumbre del G-20, ha metido el miedo en el cuerpo de los países 'poco cooperativos' en la lucha contra el fraude fiscal. Andorra se ha comprometido a aprobar, antes del próximo septiembre, una ley que suponga el levantamiento del secreto bancario; Bélgica y Liechtenstein también están dispuestos a modificar sus reglas de transparencia fiscal para evitar ser considerados paraísos fiscales; Suiza ha decidido flexibilizar el intercambio de información sobre el secreto bancario; y Austria permitirá abrir las cuentas de ciudadanos extranjeros si lo piden las autoridades fiscales de otros países. Eso sí, el país alpino no tiene pensado eliminar el secreto bancario, una de las claves de su éxito financiero. ¿Es éste el principio del fin de los paraísos fiscales?
El listado de paraísos fiscales elaborado por la OCDE no ha sido actualizado desde 2005, e incluye 33 estados. Pero, con vistas a los preparativos de la cumbre del G-20 en Londres el próximo 2 de abril, Francia y Alemania, con el apoyo de otros países, están presionando para que se establezca una nueva lista de centros financieros que no cooperan en la lucha contra el fraude fiscal.
La OCDE estima que las fortunas invertidas en paraísos fiscales suman entre 5 y 7 billones de dólares. Cifra que supone el 13% del PIB global y supera en cinco veces el capital acumulado en ellos hace sólo dos décadas. La evasión fiscal, incluidos los centros offshore, sobrepasa ya los 255.000 millones de dólares anuales.
Uno de los aspectos más valorados de los paraísos fiscales es la confidencialidad de sus cuentas. Según Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), lo que buscan quienes tienen cuentas en paraísos fiscales es "ocultar información sobre su dinero". De hecho, ha quedado demostrado que este negocio sirve para financiar al crimen organizado y al terrorismo, ya que en estos paraísos fiscales no sólo existe una baja o nula tributación —es decir, se pueden eludir los impuestos—, sino que, la opacidad y el secreto que brindan a los titulares de sus cuentas sirven de tapadera a delincuentes de lo más variopinto, desde Mobutu Sesé Seko, a Osama Bin Laden.
Un informe redactado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), afirma que la mayoría de paraísos fiscales que reconoce la OCDE no obligan a depositar en un archivo público información sobre los accionistas de empresas extranjeras. En países como Malta o en la Isla de Nevis, por ejemplo, la legislación recoge multas cuantiosas y penas de hasta tres años de prisión por publicar datos de empresarios no residentes. Uruguay, Luxemburgo o Gibraltar son otros lugares en los que se aplicó el secreto bancario para conseguir atraer inversiones. Pero también existe ese secretismo en Andorra, Mónaco, Liechtenstein o Liberia.
Si de lo que se habla no es tanto del secreto bancario puro y duro como de evadir impuestos, la fama se la llevan las Islas Marshall, donde constituir una empresa no implica el pago de ningún dólar. Por otro lado, en las Seychelles una compañía con capital social inferior a 100.000 dólares, paga sólo 100 dólares al constituirse. Las Bahamas y las Islas Caimán, entre otros, ofrecen condiciones similares para la creación de empresas.
Hasta ahora, la lucha contra el blanqueo de capitales y las normas antiparaíso se han llevado a cabo de manera individualizada, porque no existe una norma internacional. Los Estados Unidos primero, y más tarde otros países, como Canadá, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido y España han introducido en sus legislaciones cláusulas que limitan de una forma considerable las inversiones a través de zonas fiscalmente privilegiadas.
A nivel de conjunto, la Unión Europea ha dado algún tímido paso en este sentido. La Directiva de Fiscalidad del Ahorro, que entró en vigor en 2005, obliga a los estados miembros a intercambiar información fiscal entre sí. Sin embargo, hasta ahora, los países con secreto bancario de la UE —Bélgica, Austria y Luxemburgo— habían logrado sortear esa medida, a cambio de aplicar una retención sobre los depósitos de no residentes que envían al tesoro de los países de origen. La misma medida adoptaron, presionados por la UE, países no comunitarios, como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. Muchos de los países que ahora quieren 'volverse más transparentes'. ¿Irán esta vez en serio?
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