Los consistorios buscan una nueva 'gallina de los huevos de oro'

MADRID.-  Los ayuntamientos buscan sustituto para la que hasta hace unos años era su 'gallina de los huevos de oro': la construcción. Si los ingresos provenientes del 'ladrillo' cebaron las cuentas locales en los tiempos del boom inmobiliario, con el crash económico mundial, las carencias han salido a la luz y a las corporaciones locales no les ha quedado más remedio que echar mano de imaginación para buscar ingresos alternativos, mientras negocian con 'papá' Estado la reforma de su sistema de financiación.

El Ayuntamiento de Madrid —el más endeudado de España—, por ejemplo, ha apostado por resucitar la cuota municipal por recogida de basuras. Gracias al rescate de la tasa perdida, el Consistorio calcula que sus arcas contarán este año con 169 millones más.

El primer edil madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, también le sacará partido a los 2.900 chirimbolos que pueblan la ciudad. En los próximos tres años pretende multiplicar por 140 los ingresos recaudados por la explotación publicitaria de estos elementos tan criticados desde que José Mª Álvarez del Manzano los convirtió en parte del paisaje urbano hace ya quince años. El acuerdo alcanzado con la empresa adjudicataria, JCDecaux, para prorrogar el contrato otros tres años, aumentará de 67,89 a 9.560 euros lo que la tesorería municipal percibe por cada soporte, pasando de unos ingresos totales de 135.240 euros en los tres últimos años a algo más de 19 millones en los tres próximos ejercicios.

Las corporaciones municipales de las diputaciones de Badajoz y Barcelona, por su parte, han intentado sacarle provecho a eso del "aprovechamiento del espacio público local". Ambas son pioneras en la implantación de la tasa sobre telefonía móvil en los distintos ayuntamientos. En la provincia extremeña, por ejemplo, son 105 los municipios que han aprobado una ordenanza fiscal para recaudar esta cuota, por la que podrán obtener 1,20 millones de euros.

En muchos casos, estas ordenanzas se encuentran recurridas por las operadoras de telefonía móvil, pero ya se han emitido sentencias favorables sobre su legalidad por parte de algunos tribunales superiores de justicia, como el de Cataluña o La Rioja.

Una ayudita de 'mamá' Justicia

Y es que la Justicia se está convirtiendo en un gran paliativo para las maltrechas arcas municipales, permitiendo que los consistorios cobren una tasa por ese "aprovechamiento del espacio público local". Destaca, porque sienta jurisprudencia, una sentencia del Tribunal Supremo que avala que las corporaciones locales cobren a las entidades financieras por los cajeros automáticos que sitúan en la vía pública. En una resolución del 11 de febrero de 2009 (PDF), desestima el recurso de casación interpuesto por la patronal de cajas (Ceca), y confirma la legalidad de la ordenanza del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que cobra entre 340 y 510 euros anuales por cada cajero situado en la calle (dependiendo de la importancia de la vía en la que esté ubicado). Con ello da el pistoletazo de salida para que todos los ayuntamientos que lo deseen graven este tipo de máquinas.

En todo el país hay 61.700 cajeros, según el Banco de España. Y se calcula que al menos la mitad de ellos se sitúa en la vía pública. Es decir, que si todos los alcaldes españoles siguiesen el ejemplo mallorquín y aplicasen las mismas tasas, podrían recaudar entre un mínimo de 10,50 millones de euros y un máximo de 16 millones. Y hay quien opina que, apoyándose en esta sentencia, esta cuota municipal podría extrapolarse a las taquillas de venta de entradas de eventos deportivos, culturales o taurinos, entre otros, situadas en el dominio público... La caja seguiría aumentando.

Además de resucitar o crear tasas, las corporaciones locales han intentado recortar gastos y han impuesto la mano dura en el cobro ciertas cuotas, como el estacionamiento regulado. Son varios los consistorios que han aumentado el control sobre las zonas ORA. En Burgos, por ejemplo, esta decisión ha supuesto un aumento del 650% en los ingresos por este concepto, hasta sumar 600.000 euros en 2008.

Pendientes de 'papá' Estado

Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que representa a las 8.112 corporaciones locales que conforman España, negocia con la Administración estatal la reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos, cuya última modificación se llevó a cabo en 2002. La Femp reclama dotar al sistema de financiación local de "nuevos recursos adicionales", procedentes de la participación en los ingresos del Estado y de los ejecutivos autonómicos.

"En la práctica, casi todas las comunidades autónomas han delegado competencias a las entidades locales, o se benefician de su colaboración para ejercer las propias, generando los denominados 'gastos de suplencia', cuya financiación rara vez se encuentra adecuadamente garantizada", explica Juan Zornosa, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III. A este experto, la petición de la Femp al Gobierno para que regule la participación de las haciendas locales en los ingresos tributarios de las CCAA, le parece "un derecho constitucional".

Pero el proceso de negociación está siendo largo. En un primer momento estaba previsto que la reforma estuviese lista antes de finalizar 2008, y ahora se espera que el plazo no exceda del límite marcado por las vacaciones de verano.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Zapatero ha tomado algunas medidas de urgencia y con "carácter excepcional", que han sido aplaudidas por la Femp. Es el caso del Plan Estatal de Inversión Local, dotado de 8.000 millones para obras municipales; o de la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales, que les dará más margen para incurrir en déficit. Además, junto al Ministerio de Economía, se busca la fórmula ideal para que los proveedores a los que los gobiernos locales adeudan el pago de sus servicios, cobren lo que les corresponde. Y aquí la urgencia es para pymes y autónomos, que ya no pueden más.