MADRID.- Los economistas dicen que por la boca muere el pez y por la morosidad la empresa, y eso es lo que les está pasando a cientos de pequeñas y medianas compañías a las que sus deudores dejan de pagar o alargan los plazos de mora sine die. Y el problema es aún más grave si se trata de la Administración Pública, cuya fama de mal pagador traspasa fronteras.
"La morosidad de los organismos públicos es un mal endémico en España", se quejan los contratistas. Y es que, pese a las recomendaciones de la Unión Europea, nuestro país sigue ocupando uno de los puestos de cabeza en el ranking de demoras en los pagos, junto a Portugal, Italia y Grecia.
En el momento en que un ministerio, una consejería o una concejalía se retrasan en el pago de unos trabajos, la empresa a la que debían abonar sus servicios se queda sin cobrar —al menos de momento—. A su vez, esta empresa tiene que pagar a sus acreedores y proveedores, a quienes no les importan los problemas que pueda tener con la Administración. Pero, si no tiene liquidez para hacer frente a esos pagos —porque no ha cobrado—, también los demorará, entrando en un círculo vicioso al que, desde que los bancos cerraron los grifos, unos y otros han dado vueltas sin parar hasta quedarse sin aliento.
El de la construcción es uno de los sectores más dañados por este problema de morosidad crónica, que afecta a subcontratistas de obra pública, proveedores de materiales de la construcción y fabricantes de hormigón. Pero también las empresas de limpieza pública, las de tecnología sanitaria y las farmacéuticas padecen la morosidad relacionada con la Administración. Y el estallido de la burbuja inmobiliaria y la inestabilidad financiera han agravado aún más, si cabe, esta situación.
La patronal de las empresas de servicios de limpieza pública, Aselip —que trabaja para la mayoría de los ayuntamientos de España—, cifra en 480 días el tiempo que algunos consistorios se demoran en el pago, con un incremento de 2-3 meses desde el estallido de la crisis. Su presidente, Francisco Jardón, calcula que la deuda pública con el sector supera los 2.000 millones de euros, el 63% de su facturación anual.
Entre los constructores, las cifras son aún más sangrantes; las contratas de obra pública tardan una media de 173 días en cobrar, retrasando a su vez el pago a los fabricantes de materiales para la construcción, que han aumentado su media de cobro en 3-4 días respecto a los 229 de 2007, es decir, más de medio año, según los datos de la patronal Cepco. En cuanto a la deuda, ésta ascendía en 2007 a 11.000 millones, una cifra que ha ido aumentando a lo largo del año pasado, según el director general de Cepco, Luis Rodulfo.
No obstante, no todas las administraciones públicas son malas pagadoras. Por mayoría absoluta y aplastante, los ayuntamientos se llevan el premio a la morosidad, mientras que los gobiernos vasco y navarro se erigen como los mejores pagadores. Según Jardón la clave está en "la gestión". "Los ayuntamientos no tienen dinero porque elaboran mal sus presupuestos anuales —apunta el presidente de Aselip—. Prevén unos ingresos que no consiguen y en los gastos se quedan cortos, lo que supone un déficit a final de año. A esto hay que añadir que en las 'vacas gordas' no emplearon sus ingresos en reducir su morosidad, y ahora se financian haciendo esperar a las empresas que contratan", sentencia.
Esta teoría es compartida por Aurelio Martínez, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), quien afirma que la primera reacción de los ayuntamientos ante el descenso de sus ingresos es dejar de pagar a las empresas, lo que "genera una bola todavía más grande y más tensión en el sector financiero". Por eso, les reclama que reajusten sus cuentas y empiecen a pagar a los empresarios, aunque sea con endeudamiento. Además, ha emplazado a los empresarios a que sigan "presionando a la Administración para que haga frente a sus compromisos, que están firmados".
Un problema añadido es, según Raúl García, asesor legal de la firma Legal Valencia, que la mala gestión de sus deudas está incrementando el gasto de las administraciones. Y su explicación es la siguiente: "Para compensar la mora en los pagos, las empresas adjudicatarias de trabajos públicos suelen aumentar el precio que cobran a las administraciones", advierte este experto, que asegura que ésta es una práctica común, aunque negada por ambas partes. En su opinión, si los fondos públicos se gestionasen mejor y no hubiese demoras en los pagos, algunas de estas entidades se podrían ahorrar "hasta un 30% o más" en sus gastos anuales.
Y es que hay que contar con que la Ley de Contratos del Sector Público marca imperativamente un plazo máximo de 60 días (artículo 200, apartado 4) para que la Administración satisfaga las cantidades acordadas con la empresa. Transcurrido ese tiempo, deberá pagar unos intereses de demora, que actualmente ascienden al 11,07%. Es decir, que el presupuesto inicial de los trabajos se habrán incrementado considerablemente por no pagar a tiempo.
Legalmente, los acreedores tienen derecho a reclamar los pagos si se incumplen los plazos. Sin embargo, la mayoría de las empresas adjudicatarias no se atreven a iniciar un proceso contencioso administrativo contra este tipo de deudores, porque se arriesgan a verse relegadas en su trato con la Administración, apunta el experto en morosología Pere Brachfield, profesor de la EAE Business School. Y añade una razón de peso más para no demandar a un organismo público: "los procesos judiciales son largos y costosos, difíciles de asumir por una pyme, salvo que se agrupen".
Pero, si tan mal pagan: ¿qué ventaja supone tener a un organismo público como cliente?
"Si eres capaz de aguantar el ciclo de cobro de una administración pública, es fácil que te conviertas en un proveedor fijo, y esto supone una buenísima tarjeta de presentación para conseguir otros clientes, ya que despierta confianza", apunta Raúl García.
Según Rodulfo, un dato a su favor es que "pagan seguro", aunque sea más tarde que temprano, y que, hasta hace muy poco tiempo, "tener a una administración pública como cliente suponía un aval frente al banco a la hora de solicitar un préstamo o cobrar un pagaré a 200 días", comenta el director general de Cepco.
Sin embargo, la situación ha cambiado mucho. "La banca ya no se fía de nadie, ya no descuenta pagarés ni concede créditos, y las empresas se ahogan por falta de liquidez", explica Rodulfo. En su opinión, "muchos fabricantes de materiales podrían seguir siendo rentables tras ajustarse a las condiciones de un mercado con menos demanda, pero se verán abocados a un proceso concursal por no tener ingresos con los que afrontar su actividad y no contar con el respaldo de las entidades financieras".
Por eso, el asesor legal aconseja "diversificar", que la Administración no sea un cliente único, porque de ello puede depender la supervivencia de una pyme, ya que su margen de maniobra aumentará si tiene clientes que paguen a tiempo cuando los públicos se retrasen. Otra opción es prescindir de un cliente oficial, como están haciendo muchas de las pymes y autónomos españoles, según comentan desde Aselip y Legal Valencia.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha asegurado a la patronal empresarial que se van a estudiar algunas iniciativas para evitar que los retrasos de las administraciones públicas en los pagos a las empresas generen problemas de financiación. Algo que ya está ocurriendo.
No ha especificado cuáles serán estas medidas, pero desde las distintas patronales y desde algunos organismos apuntan algunas ideas:
Sea como fuere, si no se toman medidas, situaciones como las del empresario que intentó prenderse fuego ante el Ayuntamiento de Loeches para reclamar lo que le adeudaban, o como las de los 200 empresarios extremeños que han amenazado con encerrarse en las sucursales bancarias para exigir un crédito, se convertirán en habituales. Porque, según Bratchfield, "el 25% de las pymes puede desaparecer en los próximos dos años si no se pone freno a esta situación". Por eso, advierte que "debemos tener en cuenta que ellas conforman el 99% del empresariado español, producen el 60% del PIB y representan el 70% del empleo nacional". Y se pregunta si "¿hay voluntad política para solucionar esto? De momento —asegura—, no la hemos visto". Que tomen nota quienes tengan que hacerlo.
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