Santander.- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), del Ministerio de Medio Ambiente, ha decidido demoler la depuradora del saneamiento del Besaya, una instalación que costó 24 millones euros, para cumplir el fallo de 2005 del Tribunal Supremo que ordenó su derribo por infringir la Ley de Costas.
Así lo ha explicado esta mañana en una rueda de prensa en Santander el presidente de la CHC, Jorge Marquínez, quien ha señalado que la demolición de la depuradora no se producirá en un plazo inferior a seis o siete años, que es lo que durará "como mínimo" toda la tramitación para construir una nueva infraestructura, lo que permitirá "amortizar" en parte su vida útil.
Marquínez ha aseverado que el organismo de cuenca ha realizado un análisis "riguroso" de la situación tras el fallo del TS, sobre la base de unos informes encargados a dos equipos externos, de la Universidades Politécnicas de Valencia y Cataluña.
Ambos estudios proponen distintas alternativas, de manera que, mientras el de la Universidad de Valencia aboga por la construcción de la depuradora en otro punto, el de la Politécnica de Cataluña plantea la hipótesis de que se estudie un aprovechamiento del emplazamiento actual, en Vuelta Ostrera, en la ría de Suances.
Sin embargo, Marquínez ha rechazado esa posibilidad ya que, según ha afirmado, la Abogacía del Estado ha dejado claro que la sentencia del Supremo debe "cumplirse ineludiblemente" y que la depuradora de Vuelta Ostrera no podrá "ser rescatada".
"Esos caminos legales sólo pueden conducir a una inseguridad extraordinaria, que puede poner en jaque otros proyectos", ha destacado Marquínez, que ha recalcado su "optimismo" porque la construcción de la nueva infraestructura permitirá "dar un salto cualitativo" en cuanto a depuración en la zona.
El presidente de la CHC ha enfatizado que Vuelta Ostrera seguirá funcionando durante "bastantes años" mientras se tramita y construye el nuevo proyecto de depuradora, que será "muy superior" a la actual.
Así, ha considerado que se podrá poner en marcha una instalación "más compacta" y que dé "mayor calidad" de efluente, a la vez que posibilite una reutilización ambiental del agua.
Marquínez ha remarcado que la Confederación realizará un estudio de alternativas que será "ejemplo mundial" para que no quede ningún "fleco" ni "debilidad" y evitar "dejar una herencia comparable" a la recibida con esta instalación.
El máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha puntualizado además que la consecución de una nueva alternativa no "gravará económicamente" al Ejecutivo cántabro, ya que lo que anuló la sentencia del Supremo fue un acuerdo del Consejo de Ministros de 2001, de modo que será la Administración estatal la que asuma las "consecuencias" de ese fallo.
El Tribunal Supremo ordenó en 2005 la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera, cuya construcción costó unos 24 millones de euros, porque invade el dominio público marítimo terrestre de forma injustificada. Este fallo se produjo tras una denuncia de la asociación ecologista ARCA.
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