Los Ángeles (EE.UU.).- La Corte Suprema de California (EE.UU.) celebró hoy una vista oral para decidir si mantiene en vigor la llamada Proposición 8, una enmienda aprobada en referendo que niega el derecho de los homosexuales a casarse en este estado.
La Proposición 8, que pedía que la constitución reconociera el matrimonio como únicamente un enlace entre un hombre y una mujer, salió adelante con los votos del 52 por ciento de los ciudadanos en los comicios del 4 de noviembre y se hizo efectiva desde el día siguiente, lo que paralizó la concesión de licencias de bodas gays.
Los homosexuales californianos habían logrado en mayo de 2008 que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional las leyes que impedían los casamientos entre personas del mismo sexo, lo que permitió durante unos meses que 18.000 parejas gays pasaran por el altar.
Tras el resultado de la consulta popular, los colectivos defensores de la igualdad de derechos ante el matrimonio presentaron una demanda ante ese mismo tribunal en San Francisco, donde hoy durante más de tres horas, los abogados de uno y otro bando expusieron sus posturas.
La sesión estuvo presidida por siete magistrados que tendrán que dar su veredicto en un plazo máximo de 90 días.
El letrado Kenneth Starr, famoso ex fiscal del caso Lewinsky, en representación de la organización Protect Marriage defendió la legalidad de la Proposición 8 al haber sido aprobada por los californianos.
"Los derechos son definidos en último caso por la gente, que tiene el derecho inalienable de controlar su constitución", aseguró Starr quién explicó que los impulsores de la enmienda querían "restaurar la definición tradicional (de matrimonio) que ha existido desde la fundación de este estado".
Para ese abogado, la Proposición 8 no atenta contra los derechos fundamentales de los homosexuales que están reconocidos bajo una ley de compañeros domésticos.
El letrado defensor de la causa de las bodas entre homosexuales, Shannon Minter, respondió que esa consideración supondría poner "a las parejas del mismo sexo en un estatus de segunda clase, les marcaría como ciudadanos de segunda y les privaría de la misma libertad, dignidad y privacidad que el resto".
Uno de los argumentos esgrimidos por el bando contrario a la Proposición 8 fue que el cambio legal promovido por esta propuesta no debe ser considerado una enmienda sino una reforma de la Carta Magna, porque altera los derechos fundamentales.
En tal caso, no se podría tramitar mediante un referendo sino que requeriría ser aprobada por dos tercios del parlamento del estado o la celebración de una convención legislativa expresa para tratar la reforma.
Los magistrados deberán pronunciarse también sobre si la Proposición 8 tiene carácter retroactivo y invalida las bodas entre homosexuales que tuvieron lugar en 2008.
En Los Ángeles, donde se siguió el proceso con interés, el director de la organización American Civil Liberties Union (ACLU) para el sur de California, Mark Rosenbaum, insistió en que la decisión judicial sentará un precedente sobre el poder de la mayoría.
"Va más allá de este caso, se trata sobre el derecho de la gente, de un 50,1 por ciento, de la mayoría, a decir: 'nosotros decidiremos que derechos fundamentales disfrutáis vosotros y cuáles existen solo para nosotros'", dijo Rosenbaum, para quien una sentencia favorable a la Proposición 8 supondría un cheque en blanco al pueblo.
"Si la mayoría decide mañana negar la libertad de expresión a los negros, los judíos o las mujeres, esto podría ser autorizado, según el punto de vista de Kenneth Starr" añadió, al tiempo que apuntó que Abraham Lincoln se "retorcería en su tumba" si escuchara los discursos que apelan al poder absoluto de la mayoría.
Centenares de personas siguieron la sesión del Tribunal Supremo en pantallas gigantes en San Francisco, donde los colectivos pro bodas gays se reunieron frente al ayuntamiento de la ciudad, como en Los Ángeles, donde decenas de personas acudieron a la retransmisión habilitada en el barrio de West Hollywood.
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