Los Ángeles (EE.UU.).- Activistas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo se manifestaron hoy en California para presionar a la Corte Suprema, con el fin de que ilegalice la iniciativa que pretende acabar con las bodas gays en el estado.
Varios cientos de personas se congregaron a la entrada del máximo tribunal californiano donde hoy se celebra una vista oral para valorar la constitucionalidad de la conocida como Proposición 8, una normativa aprobada en referendo el pasado 4 de noviembre con un 52 por ciento de los votos.
Esta propuesta se sometió a consulta popular con el objetivo de exigir una modificación a la Carta Magna de California para definir matrimonio solo como un enlace entre un hombre y una mujer.
El éxito electoral de los defensores de la Proposición 8 movilizó a los colectivos que apoyan las bodas entre homosexuales, que pidieron a la Corte Suprema que anule esta iniciativa porque atenta contra la igualdad de derechos.
Con pancartas como "los gays no son ciudadanos de segunda clase" o "yo también tengo un sueño", los manifestantes en San Francisco o Los Ángeles mostraron hoy su oposición al giro legal que dio su lucha por las bodas entre personas del mismo sexo en noviembre.
Estos casamientos habían sido autorizados en mayo de 2008 por la Corte Suprema, al entender los jueces que las leyes que discriminaban el matrimonio por razón de sexo eran inconstitucionales.
El año pasado se celebraron alrededor de 18.000 enlaces entre personas del mismo sexo en este estado, pero a partir de la aprobación en referendo de la Proposición 8 las autorizaciones de estos matrimonios se paralizaron.
Las organizaciones conservadoras contrarias a las bodas gays se mostraron ofendidas por este intento de cambiar en un tribunal lo que aprobó la mayoría de la población en las urnas, si bien los favorables a estos matrimonios respondieron que la Proposición 8 no es una enmienda, sino una revisión de la Constitución.
Un proceso legal diferente que no se puede tramitar en referendo, sino que requiere ser aprobada por dos tercios del parlamento del estado o la celebración de una convención legislativa para tratar la reforma.
El famoso fiscal del caso Lewinsky, Kenneth Starr, será el encargado de defender ante la Corte Suprema la legalidad de la Proposición 8, con el fin de mantener la prohibición de las bodas entre homosexuales.
Está previsto que el máximo tribunal californiano se pronuncie en un plazo de 90 días sobre la constitucionalidad de la Proposición 8.
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