Bogotá.- Seis soldados profesionales de una brigada del este de Colombia fueron detenidos hoy por estar implicados supuestamente en dos casos de ejecuciones extrajudiciales que causaron tres víctimas, informó la Fiscalía en Bogotá.
Los soldados fueron procesados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General, que sigue decenas de causas por "falsos positivos", como se conocen los casos de asesinato de civiles por parte de militares que los presentan como guerrilleros o paramilitares muertos en combate.
En un comunicado, la Fiscalía precisó que los seis detenidos están adscritos a la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, la capital departamental del Casanare (este).
Cuatro de ellos fueron procesados por la muerte, en agosto de 2007, de dos trabajadores en la zona rural de Yopal, agregó la fuente, que indicó que las víctimas fueron presentadas "como supuestos integrantes de bandas al servicio del narcotráfico".
La entidad judicial reveló que a los trabajadores fallecidos "les fueron colocadas armas defectuosas con las que no se podía disparar".
El fiscal que investiga el caso procesó a esos cuatro soldados por "homicidio agravado, secuestro simple agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, hurto calificado y agravado, y destrucción u ocultamiento de documento público"
Los otros dos soldados deberán comparecer por el homicidio de un campesino en un paraje rural de Nunchía, localidad también del Casanare.
La Fiscalía explicó que los militares le pusieron al labriego un arma de fuego y una granada, y lo presentaron como guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En este caso, los implicados fueron procesados por "homicidio agravado, secuestro simple agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, porte ilegal de explosivos, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal".
La práctica en Colombia de los llamados "falsos positivos" se hizo evidente a finales del año pasado tras el hallazgo, en el nordeste del país, de los cadáveres de una veintena de jóvenes dados por desaparecidos en Soacha, población vecina a Bogotá.
Los jóvenes habían sido sepultados en fosas comunes como guerrilleros muertos en combate.
El caso desató una purga en las guarniciones militares de la región, de las que fueron separadas o destituidas 27 personas, y llevó luego al entonces comandante del Ejército, el general Mario Uribe, a pedir la baja del servicio.
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