San Salvador.- Organizaciones salvadoreñas de Derechos Humanos manifestaron hoy su satisfacción por la apertura de juicio contra catorce militares de este país por parte de la Audiencia Nacional de España en el caso de seis jesuitas asesinados en 1989 junto a dos empleadas.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, que aglutina a más de una decena de entidades, expresa, en un comunicado, su solidaridad con las víctimas de la matanza, ocurrida en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).
Agrega que la admisión de la querella, presentada por dos organizaciones españolas de Derechos Humanos, "anima la esperanza de las víctimas salvadoreñas de crímenes de lesa humanidad por hacer realidad la vigencia de sus inderogables derechos a la verdad, la justicia y la reparación, atropellados y negados hasta hoy en el nivel interno por los poderes estatales salvadoreños".
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, se ha declarado competente para investigar a los 14 miembros de la Fuerza Armada por su presunta implicación en los asesinatos, ocurridos el 16 de noviembre de 1989.
En un auto, el pasado 12 de enero, Velasco admitió la querella presentada el 13 de noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
En la demanda, las entidades se querellaban también contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994).
Sin embargo, el magistrado no investigará al ex gobernante por considerar que de momento "no hay base indiciaria suficiente" para admitir la querella, además de que no se le ha imputado "participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal", sino un supuesto delito de encubrimiento que no tiene "persecución" universal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España instruirá la causa contra los militares por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Las asociaciones consideran "responsables" de los crímenes a los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vásquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.
Las entidades salvadoreñas dicen que con el juicio que se realizó en El Salvador en septiembre de 1991 y que derivó en la condena a treinta años de cárcel a un coronel y un teniente, quienes luego fueron amnistiados, solo se penalizó a los autores materiales de la matanza y "no a los altos oficiales que la ordenaron".
Asimismo, aseguran que "se trató de un juicio simulado que, bajo los estándares básicos del debido proceso, no puede tenerse como válido y respecto del cual resulta indebido invocar la institución de la cosa juzgada y la prohibición de un doble juzgamiento".
Los jesuitas asesinados fueron el rector de la UCA, el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a los religiosos fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
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