San Salvador.- El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, respaldó hoy que se investigue el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980 y de seis sacerdotes jesuitas en 1989, pero aclaró que estos casos no le competen al Ejecutivo.
"Un caso como el de monseñor Romero no puede quedar impune y, por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para aclarar la autoría intelectual y material del mismo, se lo debemos no solo a monseñor, se lo debemos al pueblo salvadoreño", declaró el jefe de Estado a los periodistas en la localidad de Izalco (oeste).
Se refirió, además, a la muerte de cinco sacerdotes españoles, entre ellos el entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y uno salvadoreño a manos del Ejército de este país.
"Estoy de acuerdo con que se establezca la verdad de un caso tan emblemático como el de monseñor Romero, no solo el de monseñor Romero, también el caso de los sacerdotes jesuitas, pero no es una competencia de este servidor", manifestó Funes.
"Para eso hay instituciones que están facultadas constitucionalmente para hacerlo", agregó.
Romero, quien denunciaba desde el púlpito las injusticias cometidas contra la población en los años previos a la guerra civil, que vivió el país entre 1980 y 1992, fue asesinado por un comando de ultraderecha el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante el conflicto, señaló en un informe divulgado en marzo de 1993 que este asesinato fue presuntamente ordenado por Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
La Iglesia Católica abrirá este sábado las actividades para conmemorar los 30 años del asesinato del religioso, con una peregrinación que recorrerá las principales calles de San Salvador.
Durante la guerra, el 16 de noviembre de 1989, un comando del Ejercito salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador y asesinó a tiros a cinco jesuitas españoles y a un religioso salvadoreño, además de a su cocinera y a la hija de esta.
En 1991, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza fueron condenados por el caso, pero recobraron la libertad en marzo de 1993, después de que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Amnistía que exoneró de juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco investiga a 14 militares salvadoreños en relación con estos asesinatos, tras admitir a trámite en enero pasado una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
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