Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, ha citado los próximos 13 y 14 de mayo a siete de los miembros que integraron la comisión parlamentaria española que se desplazó a ese país para investigar los hechos.
Según han informado fuentes jurídicas, el día 13 el magistrado escuchará el testimonio de Fernando Álvarez de Miranda, ex presidente del Congreso de los Diputados (1977-1979) y ex Defensor del Pueblo (1994-1999), que fue embajador de España en El Salvador de 1986 a 1989.
Ese mismo día, Velasco ha citado también a José Luis Ruiz Navarro y a Enrique Arnaldo, ambos letrados de las Cortes Generales y, el último, además ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Al día siguiente será el turno de algunos de los parlamentarios que formaron parte de la comisión: Luis Fajardo Espínola (PSOE), que era el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y que encabezó la expedición española; y los diputados Pere Baltá, Manuel García Fonseca y Joseba Mirena Zubia (actualmente senador).
El juez ha citado a estas siete personas sin perjuicio de que, si alguno ostentara la condición de aforado, se le dé la oportunidad de aplazar su citación o incluso de que se produzca en su ubicación laboral habitual.
Velasco admitió en enero pasado la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), para investigar a 14 militares de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de los seis jesuitas y dos de sus empleadas, a quienes acusan de delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Para comenzar su investigación, el juez cursó una comisión rogatoria a El Salvador y ahora interesa una "copia completa" de los expedientes del Juzgado que instruyó estos hechos, así como del proceso de amparo llevado en la sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador (equivalente al Tribunal Supremo español).
Velasco también cursó otra comisión rogatoria para que testificase William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador como parte de la Comisión del Congreso estadounidense, una decisión que ahora deja "sin efecto".
Sobre la declaración del mayor del Ejército de EEUU Erick Buckalnd, el juez requiere a APDHE que en el plazo de diez días presente un pliego con las preguntas que se le deben practicar a este testigo.
En ese mismo plazo, la asociación debe aportar al Juzgado de Velasco los datos de los que disponga para localizar a todos los querellados y a los testigos oculares que pudiera haber.
En su providencia, el juez de la Audiencia Nacional se dirige también a la Comisaria General de la Policía Judicial para que informe sobre la "posible existencia", y en ese caso conseguirlo, de un informe del Ministerio de Defensa de EEUU -llamado "Moackley"- que se hizo en relación con los hechos investigados.
Además deberán acreditar la existencia de otros posibles informes, como el de un catedrático español de Derecho Penal que se desplazó a El Salvador a recabar testimonios u otro del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Policía Judicial debe identificar también a los testigos directos de los hechos, al rector de la Universidad Centroamericana (UCA) que sucedió al asesinado Igancio Ellacuría y al embajador español en El Salvador en 1989 (Álvarez de Miranda).
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