Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido una querella para investigar a 14 miembros del Ejército de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989, aunque la causa no se dirigirá contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani.
En un auto hecho público hoy, Velasco ha admitido la querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), contra esos catorce militares a quienes investigará por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Velasco argumenta en su resolución que contra el ex presidente Cristiani no hay "base indiciaria suficiente" para admitir la querella, además de que no se le ha imputado "participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal", sino un supuesto delito de encubrimiento que no tiene "persecución" universal.
Para comenzar su investigación Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga, al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco -que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano-.
Solicita además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país, por lo que, con carácter urgente, solicita una comisión rogatoria a las autoridades salvadoreñas y otra a Estados Unidos para que testifique William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador como parte de la Comisión del Congreso estadounidense, y el mayor del Ejército de EEUU Erick Buckalnd.
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Las asociaciones consideran "responsables" de estos crímenes a los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, así como el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.
Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
La querella de las asociaciones -con amplia experiencia en procesos internacionales- se basa en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.
Velasco admite como acusación particular a la APDHE -cuyo presidente es el letrado Manuel Ollé (que ejerció la acusación en la causa contra Pinochet)- y solicita al CJA, con sede en San Francisco (Estados Unidos), que aporte estatutos y/o actas de constitución para tenerla por personada en el procedimiento.
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