El pasado sábado, Maximino Couto acabó con la vida de su novia e hirió a otras tres personas mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. Además, intentó asesinar a su ex pareja, aunque no pudo llevar a cabo su objetivo, ya que ésta no se encontraba en su domicilio. Teóricamente, Maximino jamás debería haber llegado hasta la casa de su ex pareja, ya que portaba un sistema de GPS que debería haber alertado a las autoridades si se acercaba a menos de dos kilómetros de donde ella vivía. Sin embargo, nadie reaccionó ante el quebrantamiento de esa prohibición, y se desató un debate sobre la eficacia y el funcionamiento de los mecanismos electrónicos de vigilancia. Finalmente, la investigación de Instituciones Penitenciarias ha determinado que el sistema GPS no falló, sino que el error fue humano: la alarma no fue detectada por los funcionarios de servicio.
Hasta el momento, estos dispositivos se aplican, o bien a través de las Comunidades Autónomas (sólo se han aplicado en la Comunidad de Madrid y en Baleares), o bien de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior, se aplica en aquellos condenados por violencia de género que han obtenido un permiso penitenciario).
En el caso de Pontevedra, el dispositivo había sido ordenado por Instituciones Penitenciarias, lo que significa que, en caso de violación de la zona de exclusión o en caso de que el agresor intente desprenderse del mecanismo, llega un aviso a la Unidad de Vigilancia Electrónica, situada en Madrid, que a su vez alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Maximino Couto decidió desprenderse del GPS a las 16.36 horas del pasado sábado para intentar agredir a su ex pareja, según consta en el informe elaborado por Prisiones. Esa incidencia generó la consiguiente alarma que se recogió inmediatamente en la Unidad de Vigilancia Electrónica, pero los funcionarios del servicio no reaccionaron.
Este caso ha despejado las dudas sobre la efectividad de los sistemas electrónicos de vigilancia, un tema sobre el cual se había debatido mucho en las últimas horas tras el crimen de Pontevedra. Y es que, en un principio, las primeras elucubraciones apuntaban a un error en el sistema de GPS. Además, este hecho chocaba con la fuerte apuesta que había hecho el Ministerio de Igualdad que, hace 10 días, anunció una partida de cinco millones de euros destinada a la expansión de los GPS para controlar a maltratadores.
Si bien hasta el momento, en lo que va de año, han muerto nueve mujeres que tenían medidas de protección (del total de 59 víctimas mortales, según los cálculos del Ministerio de Igualdad), ninguna de ellas se ha producido a causa de un error en el sistema de GPS, según informan desde el Observatorio Contra la Violencia Doméstica, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
La misma fuente puntualiza que, en el mes de abril, eso sí, una mujer argentina murió en Alovera a manos de su ex pareja tras un cúmulo de fallos judiciales y debido a que no pudo activar el sistema de telealarma (un dispositivo diferente al GPS). La telealarma permite ponerse en contacto con las autoridades y ser localizada de forma inmediata en caso de sentirse en peligro, aunque lo deben activar las víctimas, algo que no pudo hacer la víctima de Alovera.
El caso de Maximino Couto también había despertado un intenso debate sobre la conveniencia de conceder permisos penitenciarios a las personas presas por violencia de género. Por ejemplo, la presidenta de la Fundación Themis de Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, sostiene que "no se debía haber concedido el permiso a Couto sin valorar adecuadamente el riesgo que suponía". En todo caso, Couto ya había gozado de varios permisos antes de ejecutar sus crímenes. Incluso, según informa 'El País', el agresor fue detenido por violar el perímetro de exclusión de dos kilómetros cuando viajaba en coche con su novia, aunque el juez sobreseyó el quebrantamiento después de que el agresor asegurara que la vulneración se había producido sin querer.
En una línea parecida se manifiesta Covadonga Naredo, directora del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas: "Las valoraciones a la hora de conceder un permiso deben cambiar mucho en materia de violencia de género. Y es que en la prisión no hay mujeres, por lo es muy difícil que el agresor manifieste su verdadera conducta y desprecio hacia la mujer. En vez de basarse en la conducta del agresor durante su estancia en prisión, debe hacerse una valoración más profunda, realizada además por personas especializadas en la violencia contra la mujer.
Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, ha ofrecido su punto de vista y ha asegurado que, a pesar de que hay casos en los que los permisos se utilizan para delinquir, "un porcentaje mínimo, muy mínimo recaen en el crimen y en el delito". De este modo, Múgica sostiene que no se puede quitar el permiso carcelario "a la mayoría de los que no caen en el delito, sino que ejercen esos permisos para estar con su familia y mostrar los primeros pasos de la reinserción". El Defensor del Pueblo responde así a las voces que reclaman la supresión de permisos a las personas condenadas por violencia de género.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Subir al principio de la página
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.