La Justicia después del 'Caso Mari Luz'

"La Justicia penal es ahora menos autónoma y está claramente más dirigida desde afuera". Esta frase no es nueva. La escribió el crimonólogo David Garland en el célebre libro 'La cultura del control' hace ya siete años, aunque parece describir a la perfección la situación que atraviesa la Justicia española que hoy se enfrenta a un paro de jueces y secretarios judiciales. Protestan por la gestión del 'Caso Mari Luz' que ha sacado de golpe y porrazo muchas de las tendencias que venían advirtiendo los especialistas en penal.

Politización de la Justicia

Los secretarios judiciales han acusado al Ministerio de estar utilizando el 'Caso Mari Luz' para escenificar ante la ciudadanía su determinación a la hora de abordar el problema y, de paso, desviar la atención sobre la verdadera enfermedad de la Justicia, que es la falta de medios. Algunos miembros del CGPJ se han manifestado en la misma línea. Curiosamente, es una tendencia que ya advirtió el propio Garland, al referirse a recientes políticas públicas en materia de Justicia: "Sus objetivos principales son mitigar la indignación popular, tranquilizar al público y restaurar la credibilidad del sistema, lo que tiene que ver más con preocupaciones políticas que penológicas".

¿Una prueba de ello? Durante el mes de agosto de 2007, Zapatero hizo unas declaraciones en las que aseguraba que no estaba en la agenda del Gobierno plantear el debate sobre el endurecimiento de las penas para los pederastas. Un año más tarde, en septiembre de 2008, Bermejo y Rubalcaba presentaban una reforma del Código Penal que endurecía las penas en materia de abusos sexuales sobre menores.

El endurecimiento de penas: severidad vs certeza

Volviendo a Garland: "Las demandas públicas de mayor castigo se traducen ahora más fácil e instantánemente en el incremento de las penalidades y en períodos de encarcelamiento más largos". Efectivamente, muchos autores coinciden en que asistimos a un progresivo proceso de endurecimiento penal, como por ejemplo José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en Málaga (véase el siguiente estudio en pdf). Éste es el camino que ha escogido el Gobierno, como demuestra el propio proyecto de reforma del Código Penal que se presentó hace un mes.

Quizás el aspecto más destacable de las protestas de los secretarios judiciales ante el Ministerio es que, al plantear una mayor dotación de medios, están proponiendo una verdadera alternativa al endurecimiento penal. Y es que la Criminología siempre se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Es más efectiva la "severidad" de las penas o la "certidumbre" del castigo? Esto es, ¿vale más endurecer las penas para que la gente no se atreva a cometer delitos o que la gente sea consciente de que, si delinque, la ley se abalanzará contra ellos con todas sus fuerzas y no quedarán impunes?

"El principio de certeza es lo que realmente intimida", nos dice Ignacio Ubaldo González, director del Grupo de Estudios de Política Criminal. "Parece que las investigaciones, tanto las más recientes como las anteriores, apuntan a que es más la certeza de los castigos que su severidad lo que puede en todo caso tener efectos preventivos generales. De acuerdo con estos resultados, será más efectivo un sistema con penas menos severas pero que se cumplan", añade en un estudio (en pdf) de Ester Blay, profesora de Penología en la Universidad de Girona.

Víctimas y convergencia ideológica

Las anteriores no son las únicas tendencias que han salido a la luz a raíz del 'Caso Mari Luz'. Por ejemplo, José Luis Díez Ripollés se ha referido a la sustantividad que están adquiriendo las demandas de las víctimas, un hecho que se percibe claramente en el caso de Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, que ha sido incluso recibido por el presidente del Gobierno (a pesar de que sus demandas de cadena perpetua no encajan en el marco constitucional). "Es ahora la víctima la que subsume dentro de sus propios intereses a los intereses de la sociedad (...); éstos deben personalizarse, individualizarse, en demandas concretas de víctimas, grupos de víctimas, afectados o simpatizantes", escribe Díez Ripollés en otro estudio.

El fiscal Félix Pantoja publicaba un artículo en 'El País', titulado "Legislar a golpe de emociones", en el que también se refería al mismo asunto: "A las víctimas, en lugar de darles consuelo, solidaridad, apoyo afectivo y material, y reconocimiento de su sufrimiento, las colocamos en el eje de la política criminal, legislando a golpe de sus emociones, sin comprender que las reformas legales jamás serán suficientes para calmar su dolor y angustia".

En este caso también se percibe otro de los derroteros de la política criminal que identificaba Díez Ripollés. Es el modo en que las propuestas de los diferentes partidos políticos en materia de Justicia penal son prácticamente convergentes, en un proceso de "pérdida de identidad ideológica", de forma que resulta complicado distinguir medidas propias de los partidos de izquierdas y de derechas.