¿Endurecer las penas o agilizar la Justicia?

Hasta ahora, los problemas de la Justicia se resolvían abriendo un debate sobre la necesidad de endurecer las penas. Que si cadena perpetua, que si castración química... Aunque algunos siguen encasquillados en este debate, como el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o Esperanza Aguirre, el expediente del CGPJ al juez Tirado ha inaugurado un nuevo enfoque que puede resultar mucho más productivo: trata sobre la necesidad de dotar a los juzgados de los medios necesarios para evitar las dilaciones en la ejecución de las sentencias.

¿Por qué este debate puede ser más productivo?

La prevención del delito siempre se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Es más efectiva la severidad de las penas o la certidumbre del castigo? Esto es, ¿vale más endurecer las penas para que la gente no se atreva a cometer delitos o que la gente sea consciente de que, si delinque, la ley se abalanzará contra ellos con todas sus fuerzas?

"El principio de certeza es lo que realmente intimida", nos dice Ignacio Ubaldo González, letrado del CGPJ. "Parece que las investigaciones, tanto las más recientes como las anteriores, apuntan a que es más la certeza de los castigos que su severidad lo que puede en todo caso tener efectos preventivos generales. De acuerdo con estos resultados, será más efectivo un sistema con penas menos severas pero que se cumplan", añade en un estudio (en pdf) Ester Blay, profesora de Penología en la Universidad de Girona.

Desde este punto de vista, la falta de agilidad de la Justicia española, que ha quedado en evidencia tras el 'Caso Mari Luz', debería abordarse sin dilación, puesto que ha podido trasladar el mensaje de que muchos delitos se quedan sin castigo. Por ejemplo, una información publicada en El País denunciaba que cerca de un millón y medio de sentencias aún están pendientes de ejecutar (cerca de 400.000 de las cuales pertenecen al ámbito penal).

El sistema penal español, ¿da más importancia a la severidad o a la certidumbre? Jaime Tapia, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cree que el sistema no sólo es severo, sino que "es severísimo". "Cualquier persona sensible ante lo que es una pena privativa de libertad sabe que España se acerca a los límites de la proporcionalidad", asegura Tapia. ¿Y en cuanto a la certidumbre? El portavoz reconoce que los juzgados "a veces resuelven tarde" y "podrían funcionar mejor".

¿Y qué podría hacerse para que funcionaran mejor?

• Desarrollo legislativo. Jaime Tapia cree que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se modificó en el año 2003, debería desarrollarse de forma más precisa, para precisar exactamente de qué forma se distribuyen las labores en las oficinas judiciales.
• Desarrollo tecnológico. Estos días se han escuchado muchas voces sobre la necesidad de actualizar los servicios informáticos. Y es que el sistema se encuentra algo anticuado para acceder a los registros de antecedentes penales y de causas pendientes.
• Un cambio en la mentalidad de los jueces. Ignacio Ubaldo González, que también forma parte de la junta directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal, piensa que los jueces deberían ser conscientes de que "el proceso no acaba al dictar una sentencia, sino que más allá de la sentencia se encuentra la ejecución". Ya lo dice la propia Constitución en su artículo 117, al afirmar que corresponde al juez la misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".
• Escasez de medios. Más personal, desinterés a la hora de cubrir vacantes, necesidad de abrir un mayor número de sedes judiciales... Éstas son algunas de las quejas más habituales entre los trabajadores de los juzgados. Y ahora, en las tertulias de televisión es habitual la siguiente reflexión: "¿Acaso faltan medios en Hacienda? La disposición de medios no escasea cuando se trata de recaudar dinero, pero sí cuando se trata de impartir Justicia".