El anuncio de los ministerios de Interior y Justicia de abordar en los próximos meses la reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo y abusos sexuales de menores ha sido acogida entre la satisfacción y la prudencia por las asociaciones de jueces y los expertos en Derecho Penal. Sin embargo, temen que se estén haciendo reformas a golpe de titular y apuntan otras carencias de la legislación.
El caso de la pequeña Mari Luz Cortés -asesinada presuntamente por un pederasta que no había ingresado en prisión- o la salida del sanguinario etarra José Ignacio De Juana Chaos, sin arrepentirse de sus veinticinco asesinatos, han servido como marco para la ambiciosa reforma que ayer presentaron Rubalcaba y Bermejo. Esa es la principal preocupación que resaltan las asociaciones de jueces. "Nos da miedo que se aborden importantes reformas a golpe de titular de periódicos", señala Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD). Coincide con la opinión de Antonio García, de la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), para quien "la respuesta a los delitos que generan verdadera alarma social no puede afrontarse desde el corazón y la visceralidad, sino desde la serenidad" y también con Marcelino Sexmero, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, para quien es necesario "tomarse un tiempo de reflexión y, sin prisa pero sin pausa, hay que abordar estos debates".
Para estas asociaciones la iniciativa política tiene buena melodía, a la espera de conocer su redacción final. "Nos satisface profundamente esta reforma, que desde nuestra asociación venimos reclamando de manera sosegada desde hace años", apunta Antonio García. Jueces y expertos coinciden además en su diagnóstico de la situación: hay lagunas a las que hay que poner parches. "Más allá de hablar de endurecimiento, lo que se busca es completar, refinar y perfeccionar el sistema desde el respeto a las garantías constitucionales", señala García.
En esta idea también viene trabajando desde hace años el Grupo de Estudios de Política Criminal, del que forma parte Octavio García. Para este profesor de Derecho Penal en la Universidad de Málaga "todas las reformas emprendidas en los últimos años han estado encaminadas a modificar las penas, casi sin dar tiempo a un debate sosegado. Y se ha pasado más de las carencias que no tienen tanta atención mediática y política y que verdaderamente son un lastre para la Justicia".
¿Cuáles son esas lagunas? Todas las asociaciones y expertos consultados coinciden en dos: faltan mecanismos más efectivos para la aplicación de sentencias y recursos económicos y materiales para hacer más efectiva la Justicia y alcanzar el objetivo de las penas privativas de libertad. "Si no dotamos de fondos a la Administración para que en las prisiones se dedique atención en la reeducación de los presos, no estaremos haciendo nada", se lamenta Octavio García. Esa es también una de las críticas lanzadas desde Izquierda Unida, donde se cuestiona la viabilidad de medidas como el control de pederastas o terroristas tras su salida de prisión. "Cómo se puede decir que no hay recursos suficientes para el control dentro de las prisiones o en los permisos de tercer grado y, a la vez, anunciar que se dedicarán recursos para vigilar a presos que han cumplido con su pena", se preguntan desde la formación.
Pero además de más fondos y más agilidad (ambas están estrechamente relacionadas) hay otras lagunas que, abierto el melón de la reforma, podrían abordarse, aunque estén alejadas de las portadas de los periódicos. Octavio García, por ejemplo, considera urgente la modificación en materia de delincuencia de cuello blanco: delitos socioeconómicos, abuso de información privilegiada, fraude fiscal... Y pone como ejemplo el hecho de que la sustracción de un sólo céntimo de euro constituye delito, mientras que para cometer fraude fiscal es necesario ocultar a Hacienda como mínimo 120.000 euros. Desde la universidad Francisco de Vitoria, Sexmero también apunta a los delitos urbanísticos y societarios como prioritarios en la reforma del Código Penal.
Luego están aspectos que podrían considerarse menores, como defectos técnicos de redacción, pero que pueden dejar perplejo a más de uno: romper el cristal de un vehículo para robarlo no constituye un robo con fuerza, mientras que si es para sustraer algo de dentro, sí. Y en materia de menores, hacia cuya protección están encaminadas muchas de las reformas propuestas, el ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, se felicita por estos cambios, pero vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación que, según él, ha tenido siempre buena acogida entre los políticos, pero que nunca ha sido abordada: ampliar la edad mínima con la que un menor puede consentir relaciones sexuales con un adulto. Actualmente está fijada en los 13 años, pero Hurra cree que habría que fijarse en los países vecinos, que están en los quince.
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