MADRID.- El boom urbanístico vivido en España en la última década ha inyectado cantidades importantes a las arcas de la mayoría de los municipios y comunidades autónomas. Y es que, durante los últimos 15 años, la vivienda ha sido una fuente de financiación estable para las administraciones, especialmente las locales, ya que más del 20% del precio que se paga al comprar un piso se destina directamente al pago de impuestos y tasas. Con la crisis financiera que se vive en todo el mundo y el parón inmobiliario español, el grifo se ha cerrado, y las insuficiencias del sistema de financiación de las haciendas locales y autonómicas han quedado al descubierto.
La merma de las cuentas públicas se está notando a nivel autonómico en la recaudación del IVA, que cayó un 5,7% en el primer trimestre, y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de vivienda de segunda mano.
El asunto no es baladí, ya que este impuesto supuso unos ingresos para el conjunto de las comunidades autónomas de casi 5.000 millones de euros en 2005 (último ejercicio liquidado por la Administración) y, en 2007, los presupuestos autonómicos preveían ingresar 10.000 millones con este tributo, lo que representaba el 40% de la recaudación.
En los tres primeros meses del año, este impuesto ha caído un 47% en Cataluña, en torno al 25% en la Comunidad de Madrid, y un 20% en Castilla-La Mancha, y los porcentajes son similares en el resto de autonomías. La causa: el descenso del número de compraventas e hipotecas.
Entre los ayuntamientos, los ingresos se reducen por la escasa recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio), así como de las tasas que se cobran por las licencias de obra. La construcción se ha paralizado por el frenazo en las ventas y la falta de financiación para empezar nuevos proyectos, por lo que ya no se solicitan licencias, nos explica Lucio Rivas, director de Urbe Asesores Jurídicos. A esta circunstancia se suma la pérdida del 10% de aprovechamiento lucrativo que reciben los ayuntamientos con cada nuevo proyecto urbanístico. Gráficamente, esto significa que si un promotor tiene un terreno de 300 metros cuadrados donde va a construir, deberá ceder al Ejecutivo municipal 30 metros cuadrados, o su equivalente en dinero. Así, el Ayuntamiento aumenta su patrimonio público de suelo o engrosa el erario público.
Algunas administraciones locales han reconocido ya su déficit de ingresos por este motivo. La Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Logroño asegura que las arcas están vacías porque se ha reducido la recaudación del Icio, principal fuente de financiación municipal. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, prevé ingresar 22 millones de euros menos en impuestos y tasas relacionadas con el sector del ladrillo en 2009. Los responsables del área económica municipal estiman un descenso del 23% en la recaudación de las tasas por licencias urbanísticas (de 15 a 11 millones); una reducción del 12% en los ingresos procedentes del Impuesto de Plusvalías (de 105 a 92 millones); y del 16% en el Icio (de 39 a 33 millones de euros).
En este caso, el 'flotador' de las arcas públicas será el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que supone casi la mitad de los ingresos propios del Consistorio barcelonés, y que se espera aumente un 7% su recaudación en 2009. Ello se debe a que tiene como referencia el catastro, revisado por última vez en 2002, en pleno boom inmobiliario.
La actual crisis económica, y el anuncio de Solbes de que todas las administraciones deberán "apretarse el cinturón", han resucitado el debate sobre la financiación de las haciendas locales, un debate que lleva dos décadas intentando cerrarse, según la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), y que ha estado aparcado durante los años de bonanza.
Actualmente, la Femp y el Gobierno negocian un nuevo modelo de financiación local, en paralelo a la reforma del sistema autonómico. El objetivo es aprobarlo antes de final de año, para que entre en vigor en 2009. La Femp ya ha remitido al Ministerio de Economía un documento donde reclama una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, a través de un aumento de su porcentaje en la recaudación del IRPF y del IVA, y de la creación de un fondo autonómico que financie los gastos que no competen a los entes locales, que el organismo que preside Pedro Castro cifra en 6.500 millones de euros. También solicitan mayor autonomía fiscal en tributos vitales, como el IBI, que representa el 15% de los ingresos municipales.
En cuanto a la reforma autonómica, el Gobierno ha propuesto la cesión a los gobiernos regionales del 50% del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, para compensar la reducción de otros ingresos.
Tras años de vino y rosas, a nuestros políticos les toca ahora hacer examen de conciencia y enfrentarse a la cruda realidad. Los recursos públicos son más escasos hoy que hace un año, y la crisis y la transformación que ha registrado la sociedad española hacen necesaria una revisión del gasto público.
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