MADRID.- Chantal Sébire no murió de causas naturales. Es la única conclusión mínimamente definitiva que se puede extraer de la autopsia realizada a la mujer francesa que había solicitado la eutanasia. Los tribunales se la denegaron. Sébire apareció muerta dos días después de que se emitiera el fallo judicial. Su caso ha reabierto un debate frecuente en Francia, poniendo en duda la legislación actual hasta tal punto que el primer ministro, François Fillon, ha encargado su revisión.
En 2005, el parlamento francés aprobaba una ley que regulaba la eutanasia pasiva -dejar morir a un enfermo que así lo desee-. La medida se aprobaba a raíz del caso de Vincent Humbert, un tetraplégico al que su madre le facilitó la muerte. Ahora, el caso de Sébire vuelve a sacudir los cimientos de aquella ley, reabriendo el debate de quienes piden legislar sobre la eutanasia activa -facilitar la muerte a un enfermo que lo solicite-. En España este debate tampoco está superado.
"El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo". Esto es lo que dice el artículo 143.4 del código penal, la legislación vigente en España en materia de eutanasia activa. Traducido, establece un rango de 2 a 10 años de cárcel para quien ayude a morir a un enfermo -la decisión del juez dependerá de si la colaboración llega "hasta el punto de ejecutar la muerte"-.
Esta ley es de 1995. El PSOE se comprometió a reformarla en su anterior legislatura, y sin embargo no sólo no la ha tocado, sino que ha rechazado siete interpelaciones parlamentarias para despenalizar la eutanasia. De hecho, en el programa electoral para el 9 de marzo ya no incluía el tema.
Así pues, en España la eutanasia activa sigue rigiéndose, legalmente, por el mismo capítulo que contempla el homicidio, considerándolo una forma del mismo, en calidad de ayuda al suicidio -que, por otro lado, no está tipificado como delito en sí mismo-. No obstante, dentro de las ayudas al suicidio, recibe un trato especial y se considera un grado atenuante el que haya una enfermedad y una petición expresa.
En cuanto a la eutanasia pasiva, en nuestro país es perfectamente legal dejar de recibir un tratamiento médico que te prolongue la vida, y se puede recoger oficialmente esa voluntad mediante el Testamento de Vital. Tal y como explica la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), este documento, oficialmente llamado de instrucciones previas -artículo 11 de la ley 41/2002-, sirve para que el paciente exprese "su voluntad sobre las atenciones médicas que desea o no desea recibir caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le haya llevado a un estado que le impida expresarse por sí mismo". Por el momento, el estatus legal de este documento sólo se ha aprobado en determinadas comunidades autónomas (Cataluña, Extremadura, Galicia, Aragón, Navarra, Madrid y País Vasco), pero desde DMD aseguran que donde no haya una ley al respecto, "el documento no es ilegal y tiene peso moral".
Como en Francia, la eutanasia es un asunto conflictivo en toda Europa. El ejemplo más radical es el de Suiza, donde los sectores críticos temen incluso un 'turismo de la muerte'. En el país alpino la cooperación al suicidio no se considera delito si se hace "sin motivos egoístas", según estipula el código penal del país, de 1942. Además, es el único país que acepta aplicar la eutanasia a no residentes, que cuentan con la ayuda de la asociación Dignitas -a la que desde sectores críticos se le ha acusado de comerciar con la eutanasia-.
Hay otros tres lugares donde la eutanasia activa no está sancionada. Tal y como explica el profesor Manuel González Barón, catedrático de Oncología Médica y Medicina Paliativa, en una conferencia para la Real Academia Nacional de Farmacia, la ayuda ejecutiva al suicidio está permitida, aparte de Suiza, en Oregon (EEUU), Holanda y Bélgica. En estos dos últimos países, la legislación se modificó en 2002, aunque en Holanda, según González Barón, la eutanasia se practicaba desde los años 70. En 1983 se despenalizó y hace seis años se modificaron las condiciones bajo las que se toleraba, mencionando un dolor insoportable, la falta de posibilidades de mejora, la petición reiterada y la ausencia de alternativas. Además, este país tolera la eutanasia a menores de edad, sin posibilidad de que la negativa paterna la impida a partir de los 12 años. Un comité integrado por un abogado, un médico y un experto en ética decidirá en cada caso, por mayoría simple, si debe o no concederse la eutanasia.
En Bélgica sólo pueden solicitar el suicidio auxiliado los mayores de 18 años. En Oregón, la esperanza de vida tiene que ser inferior a seis meses. Pero salvo a pequeños detalles, los requisitos necesarios para solicitar la eutanasia son similares en los cuatro lugares donde es viable. En el resto del mundo, leyes imprecisas alimentan un debate constante.
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