La 'muerte digna' llega a Andalucía. ¿Y al resto de España?

El Parlamento andaluz ha vuelto a tocar la fibra sensible poniendo el debate acerca de la eutanasia sobre la mesa. Eutanasia sí, pero con matices. Mejor llamarla 'muerte digna'. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que en declaraciones a Radio Nacional explicaba que mientras en otros estados sí aplican la eutanasia activa, es decir provocar la muerte de una persona mediante medicación, en Andalucía esta medida no se va a emplear."No es competencia de las comunidades ejercer esta acción" ya que "hacerlo está tipificado como delito", ha señalado. He aquí el dilema. Mientras las asociaciones en contra de la eutanasia se llevan las manos a la cabeza con la aprobación de esta medida, cuya tramitación ya ha comenzado, los defensores del suicidio asistido creen que se queda corta, ya que en el texto que se debatió en el 37 congreso del PSOE para las comunidades autónomas, sólo se contemplan algunos derechos como el derecho a recibir y rechazar la medicina paliativa, el testamento vitalicio y la eutanasia pasiva. El partido en el Gobierno cumple así con sus votantes en su promesa de revisar el tema de la eutanasia, pero pasa por el tema de puntillas.

¿Por qué tienen los políticos tanto miedo a ir más allá en el debate sobre la eutanasia? "Habrá que preguntárselo a ellos", espeta César Caballero, coordinador de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD) en Madrid. Durante los 25 años que la asociación lleva militando para lograr avances en la despenalización de la eutanasia (con hitos importantes como el testamento vitalicio o la legislación sobre medicina paliativa), han oído argumentos de todo tipo, que podrían condensarse en dos:

• "Con la aplicación de la medicina paliativa no hay demanda de eutanasia" o "El número de personas que lo solicitan es muy pequeño. Según Caballero, en los países en los que más se aplican los cuidados paliativos se mantiene la misma demanda de suicidio asistido. "Ellos dicen que no hay demanda pero no tienen que contestar el teletipo todos los días", asegura. Además, el coordinador de ADMD no cree que se pueda hablar de una excepción de 8.000 personas. "Es como si no se atendiera el problema de las mujeres maltratadas o de asesinados por ETA sólo porque el número no es lo suficientemente representativo", dice Caballero, para quien "no se trata del número de afectados sino de la magnitud del problema".
• "Es una tendencia que va a provocar un aumento de las muertes sin consentimiento". Esto es algo que a los miembros de la asociación no les consta. "No ha ocurrido así en ningún país con la eutanasia regulada", comentan. Según sus datos, ocurre todo lo contrario. "En Holanda, las muertes sin consentimiento han bajado a la mitad; Sin embargo, en países como Australia, en la que no hay legislación al respecto, se sabe que las muertes sin consentimiento son del 3%", argumenta Caballero. Según él "esto ocurre porque, cuando hay reglas del juego, todos sabemos a qué atenernos, pero cuando no existen, o están en el código penal pero no se aplica, cada uno hace lo que quiere y hay más descontrol".

César Caballero no se cree estos argumentos. Para él, si el tema no prospera es "por comodidad". En primer lugar, apunta que la eutanasia "es un tema que no da votos, como el matrimonio homosexual, que afecta a un diez por ciento de la población". El coordinador de ADMD explica que, en los casos de eutanasia, "la persona que muere ya no vota y la familia quiere olvidarse del tema". Así, "los políticos consideran que no necesitan tocar el tema ya que, con él, no van a obtener réditos políticos".

Por otro lado, los activistas 'por una muerte digna' ven claramente que, en la negativa a abordar el debate, hay un fuerte componente religioso. Por ejemplo, en el caso del PSOE, actualmente en el Gobierno, Caballero está convencido de que más de la mitad de sus miembros están a favor de la eutanasia, pero se encuentran con la oposición de pesos pesados del partido como son "Bono y Paco Vázquez, católicos confesos que se oponen".

Para César Caballero, lo peor es la convicción de que, "en realidad, los políticos evitan el debate sobre la eutanasia para no enfrentarse a la Iglesia Católica como institución, ya que hay mucha gente católica o creyente, e incluso miembros del PP, que están a favor de la eutanasia", y señala como ejemplo del poder de la institución religiosa el hecho de que uno de los ponentes que van a debatir tema de la eutanasia, es sacerdote.

¿Hay o no hay tema para debatir?

Con sacerdote o sin él, el coordinador de ADMD ve muy positivo que se abra un debate en Andalucía que, en su opinión, va a "ayudar a clarificar". En realidad, piensa Caballero, no hay "razones claras" para oponerse a un diálogo sobre la eutanasia. "Si las hubiera, podríamos debatirlo", asegura.

Isabel Viladomiú, miembro directivo de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos (ACEB) y psicóloga especialista en bioética, no lo ve de este modo. En su opinión, hay argumentos objetivos para oponerse a la eutanasia fuera del elemento religioso. "¿O es que sólo los católicos defienden el derecho a la vida?", se pregunta. Para ella este razonamiento se da porque "ahora estamos en un momento en que la religión no está muy bien vista y por eso los activistas a favor de la eutanasia nos atacan por ese lado".

Viladomiú está convencida de que la eutanasia, tarde o temprano, será despenalizada ya que, según ella, "es una solución fácil y barata" para los políticos. "En Holanda, el tercer motivo de la eutanasia es la falta de camas en los hospitales", sostiene. Por otro lado, la psicóloga cree que la eutanasia, "como el aborto, entrará en lo que llamamos 'la pendiente resbaladiza', ya que los casos aumentan progresivamente desde el momento en que se despenalizan estas prácticas".

En todo momento, Viladomiú habla de eutanasia sin el consentimiento del enfermo. Sin embargo, la idea de un suicidio asistido o eutanasia pasiva solicitado por el paciente, tampoco convence a los miembros de ACEB, que opinan que es complicado tomar decisiones sobre quién debe ser ayudado a morir y quien no. "En el caso de que se despenalice, que no sean los médicos los que lo hagan sino un juez", pide Viladomiú, que no cree conveniente que quienes lo juzguen "pertenezcan a un colectivo cuya misión es cuidar a las personas", como los médicos.