El abogado anuncia acciones judiciales contra el fiscal y secretaria del Juzgado de Motril

Granada.-  Marcos García-Montes, abogado de José Campoy, preso que pasó más de un año en la cárcel por un delito de robo del que había sido absuelto, ha anunciado hoy que emprenderá "acciones judiciales" contra el fiscal y la secretaria judicial que llevaron el caso por el que se enjuicia a la juez Adelina Entrena.

Así lo ha anunciado hoy durante la primera sesión del juicio contra la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) el propio letrado, que, tras la vista, ha precisado a Efe que es "evidente" que, por ahora, hay una "responsabilidad clarísima" en los hechos por parte del fiscal y de la secretaria.

Según García-Montes, lo manifestado en la vista tanto por el representante del Ministerio Público encargado del caso de Campoy como por la secretaria sustituta del juzgado -que han comparecido hoy como testigos- "escandaliza" a cualquier ciudadano.

En este sentido, ha considerado que de sus declaraciones puede entenderse que el juzgado de Motril donde trabajó Entrena parecía "el camarote de los hermanos Marx", en referencia al modo de trabajo que se seguía en sus dependencias.

El letrado ha mantenido intensos y acalorados interrogatorios con la mayoría de los testigos que han declarado en la primera sesión del juicio contra Entrena, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y quienes le han llegado a recordar que comparecían como testigos y no como imputados.

Frente al anuncio de García-Montes, durante la instrucción del proceso penal contra la juez de Motril el TSJA ya dispuso que "no había lugar" a que declararan como imputados en la causa el fiscal, la secretaria y una funcionaria del juzgado donde ésta trabajaba.

En un auto del alto tribunal andaluz, al que ha tuvo acceso Efe, se rechazaba practicar las declaraciones en calidad de imputados solicitadas por el propio abogado de Campoy, por entender que no se daba "atisbo de responsabilidad criminal en ninguno de ellos".

De hecho, el instructor Miguel Pasquau ya precisó que, aunque fuera posible apreciar en algún caso una mala práctica profesional de algunos de ellos, "nunca cabría imputarles el hecho de prolongar irregularmente, con negligencia grave, la privación de libertar de José Campoy".

Por su parte, la juez Adelina Entrena ha negado hoy haber sido negligente en su actuación y ha atribuido este "error" a terceros, al tiempo que ha añadido que si no hubiera sido diligente en este caso "no podría dormir por las noches" y ya habría pedido perdón a Campoy, que veía como "de la familia".

La Fiscalía Superior de Andalucía considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales y solicita por imprudencia grave suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses y que indemnice a Campoy, cuya letrado solicita que se la inhabilite ocho años y 352.000 euros de indemnización.