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La inversión cae un 6,8 por ciento del presupuesto de 2010 que apuesta por la colaboración público-privada

EFE
Actualizado 27-10-2009 15:43 CET

Sevilla.-  El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía, en los que se hace una apuesta por la colaboración público-privada para financiar inversiones en infraestructuras y sectores estratégicos tras caer la inversión de la Junta un 6,8 por ciento hasta 7.112 millones.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha informado de los detalles de las cuentas para 2010, que ascienden a 33.737,3 millones (-0,1 por ciento respecto a 2009) y ha destacado que se da prioridad a los sectores que "permitan ganar el futuro" como la educación y la innovación, que crecen un 1,8 por ciento.

A pesar de que la inversión se reduce un 6,8 por ciento respecto a 2009, mantiene su peso en el PIB (4,8%), y en total se calcula que los recursos de apoyo a los sectores productivos movilizarán en total 8.775,3 millones.

Junto a estas inversiones directas se movilizarán recursos por valor de 257,5 millones mediante la colaboración público-privada para financiar proyectos estratégicos en ámbitos como las infraestructuras de transporte y el saneamiento de aguas y el horizonte para 2020 es movilizar unos 6.000 millones.

Asimismo, se prevén 653,6 millones correspondientes a las inversiones que harán con fondos propios de las empresas públicas.

Para impulsar la actividad se incorporan 751,3 millones de activos financieros para apoyar al sector empresarial en forma de préstamos reembolsables o avales, lo que supone un "cambio estratégico" en la política de la Junta, ha precisado Aguayo.

Asimismo, se mantienen los cuatro instrumentos crediticios creados en 2009, ampliando el referido a pymes turísticas y comerciales, y se crean otros nuevos en los ámbitos del desarrollo empresarial (204 millones), energías renovables y eficiencia energética (30 millones), fomento de la economía sostenible (50 millones) y actuaciones en materia de vivienda (5 millones).

El presupuesto prevé un descenso del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,3% en 2010 y se trata del primer presupuesto que contará con menos recursos que en el ejercicio precedente.

La consejera ha incidido en el esfuerzo de austeridad recogido en las cuentas, que vuelven a reducir el gasto operativo no vinculado a la prestación de servicios fundamentales, como los relacionados con publicidad, atención protocolaria o edición de publicaciones.

El capítulo II, que recoge los gastos corrientes para pagar las nóminas a los funcionarios y los bienes y servicios, disminuye en un 10,8%, si bien, si se eliminan los servicios públicos fundamentales, la bajada es de un 0,1 por ciento.

Entre otras medidas, se limita la creación de nuevas plazas de servicios generales de la administración, se congelan las retribuciones de los altos cargos de la Junta y se ponen topes a las de los directivos de las empresas públicas, pero no a los elegidos por el Parlamento o a los que desarrollen su actividad en condiciones de mercado.

Todo ello generará un ahorro de 134,4 millones, que acumulado al de 2009 supone 304,2 millones, ha destacado Aguayo.

La caída de los ingresos en general, sobre todo los tributarios (-21 por ciento), ha obligado a la Junta a incurrir en los márgenes de déficit público permitidos por la Ley de Estabilidad, hasta unos 4.000 millones, y para ello recurrirá de forma sostenible a la deuda pública para financiarlo.

Este desplome de los ingresos ha obligado a dar prioridad a determinadas políticas de gasto: las sociales se incrementan un 2,3%, los programas estratégicos dirigidos a mejorar el patrón de crecimiento un 2,9% y el resto reduce sus recursos un 12,2%.

Los capítulos de políticas sociales y de igualdad representan el 75,4% del total del gasto no financiero del proyecto del presupuesto e incrementan su peso respecto al PIB hasta el 14,6%.

La educación, considerada el centro de todas las políticas por su papel en el fortalecimiento del capital humano y, por tanto, en la mejora de la competitividad, aumenta su dotación un 1,8% hasta 7.699 millones y permitirá crear 2.000 plazas más de profesores.

También la atención a la dependencia aumenta sus recursos en un 49,2% para dar cobertura a unas 190.000 personas.

De igual modo, experimentan incrementos las políticas de Justicia (5,1%), Vivienda (1,6%) y Promoción del Empleo (9,2%).

Esta última ascenderá a 1.520 millones, con especial atención a reforzar las acciones para la inserción laboral de desempleados y potenciar los sectores estratégicos de elevado potencial de crecimiento y creación de puestos de trabajo no deslocalizables.

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