Naciones Unidas.- Embajadores de países árabes solicitaron hoy al presidente de la Asamblea General de la ONU, el libio Ali Treki, la convocatoria de una reunión el próximo 4 de noviembre para discutir el informe Goldstone.
El representante palestino ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ryiad Mansur, dijo a Efe que los diplomáticos están convencidos de que Treki accederá a su solicitud, que también cuenta con el apoyo del Movimiento de los No Alineados.
"Será el 4 de noviembre y en el pleno", aseguró Mansur después de la reunión celebrada en el despacho del presidente de la Asamblea General.
El representante de la Autoridad Nacional Palestina señaló que se elabora un borrador de resolución en el que se respalda el contenido del informe, y se pide al Consejo de Seguridad de la ONU que celebre una reunión para analizarlo.
El portavoz de Treki, Jean Victor Nkodo, confirmó que el presidente de la Asamblea General de la ONU recibió una petición de los países árabes para convocar el 4 de noviembre una reunión del órgano sobre el informe Goldstone.
"Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión sobre la fecha. Todavía se realizan consultas y hay varios detalles que resolver", agregó.
El informe elaborado por el comité de la ONU encabezado por el jurista sudafricano Richard Goldstone recibió el pasado 16 de octubre el espaldarazo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano con sede en Ginebra que lo había encargado.
Los países árabes ya habían indicado la semana pasada su deseo de que el informe también se discutiera en la Asamblea General, como un paso intermedio para elevarlo al Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano internacional en materia de paz y seguridad.
El mismo informe menciona al Consejo de Seguridad en sus recomendaciones y le pide que inste a los dos bandos a investigar la conducta de sus fuerzas, bajo la amenaza de trasladar el caso a la Corte Penal Internacional.
El informe Goldstone analiza los 23 días de la ofensiva "Plomo Fundido", entre diciembre y enero pasados, que causó la muerte de unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles y más de una quinta parte de ellos menores, según recuentos hospitalarios locales y de ONG israelíes, palestinas e internacionales.
Tanto el Gobierno israelí como los dirigentes del movimiento radical Hamás rechazan las denuncias contenidas en el documento contra la actuación de sus fuerzas.
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