Activistas acusan a los partidos de "invisibilizar" el plebiscito

Montevideo.-  Los partidos políticos "invisibilizaron" el plebiscito para anular la Ley de Caducidad de los crímenes de la dictadura uruguaya (1973-1985) y lo convirtieron en un "mecanismo perverso", dijo hoy a Efe la activista Irma Leite.

Leite, portavoz de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, opinó que el rechazo a la anulación de la citada norma se debió a la "demagogia" de los poderes del Estado y a la "confusión" de muchos ciudadanos, que "no sabían qué se votaba ni cómo" en la consulta popular realizada ayer en Uruguay, en coincidencia con las elecciones generales.

Según el escrutinio primario, el 48,03 por ciento del electorado se manifestó a favor de anular la ley introduciendo en el sobre de voto la papeleta del "Sí", pero no se llegó a superar el 50 por ciento de los apoyos, tal y como exige la legislación uruguaya para sacar adelante la reforma.

Es la segunda vez que se somete a plebiscito la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 y refrendada por los uruguayos tres años después, y que dejó impunes a militares y policías implicados en delitos contra los derechos humanos durante la dictadura instaurada en el país entre 1973 y 1985.

A juicio de Leite, la norma es "absolutamente nula desde el principio" y "tenía que haber sido anulada hace mucho tiempo" por los poderes del Estado, que ya reconocieron la inconstitucionalidad de la ley.

Precisamente la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la semana pasada inconstitucional la norma para un caso concreto, el asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, lo que sentó jurisprudencia para futuras investigaciones de detenidos y desaparecidos.

En este sentido, Leite apeló a poner fin a las "demagogias" y a la "dilatación del tema" y apostilló que "los derechos humanos no se plebiscitan".

De hecho, calificó de "mal parida" la campaña por la anulación de la ley a través de consulta popular y aseguró que es un mecanismo al que se recurrió "en la medida en que no sucedía nada, que no se producía una anulación de la ley por parte de los poderes constitucionales del Estado".

La activista consideró que la coalición de izquierdas gobernante, el Frente Amplio, "tenía que haber anulado la norma" en la presente Administración, al poder hacer uso de su mayoría parlamentaria.

"Ya que no lo hizo, tenía que haberse puesto al frente de la campaña (para la anulación en el plebiscito) con mucha más intensidad", opinó Leites.

Advirtió, además, de que "muchos" militantes del Frente Amplio "no votaron a favor de anular la norma", pues el porcentaje de votos recaudado por esa fuerza política, el 48,13 por ciento con el 99 por ciento de los sufragios escrutados, fue ligeramente mayor que el congregado por el "sí".

Respecto a los partidos opositores, el Partido Nacional y el Colorado, en cuyo seno la mayoría de los líderes se manifestaron en contra de la anulación, Leite recalcó que de ellos no esperaban "nada", pues "son defensores de la impunidad e impulsaron esta ley".

La portavoz de Plenaria, Memoria y Justicia adelantó que, pese al "importante golpe en el estado de ánimo" que ha supuesto el fracaso de la consulta popular, su organización "va a seguir en la pelea contra la impunidad".

"La derogación de la norma no sirve para nada, precisamos la anulación", insistió Leite.

Recordó que su organización posee una lista con nombres de 480 militares y policías implicados en el aparato represor de la dictadura para los que reclaman "un juicio oral y público".

"Exigimos justicia y castigo para los crímenes del terrorismo de Estado", apostilló.