Bogotá.- La comunidad internacional reactivó hoy la presión sobre el Gobierno de facto de Honduras por el sitio a la embajada de Brasil, donde Manuel Zelaya cumplió un mes tras su regreso sorpresivo al país, mientras el diálogo sigue bloqueado y Roberto Micheletti insiste en la legitimidad de su Ejecutivo.
El secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, lamentó hoy el "estancamiento" en que se encuentra el diálogo en Honduras, que atribuyó, en parte, al "hostigamiento" contra la sede diplomática de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra el presidente depuesto desde el 21 de septiembre.
Las conversaciones se han estancado desde el pasado viernes por la falta de acuerdo entre las comisiones de Zelaya y Micheletti sobre el punto que tiene que ver con la restitución del mandatario depuesto.
Insulza se dijo "pesimista" sobre la situación en el país centroamericano, aunque destacó el hecho de que "ninguna de las dos partes quiera abandonar el diálogo".
"Creo que hay un proceso de estancamiento en la negociación, pero es necesario esforzarse para sacarla adelante", afirmó el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El diplomático chileno achacó la situación de punto muerto al intento del Gobierno de facto de Micheletti de lograr un acuerdo sobre la validez de los actos ocurridos el 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado del país por el Ejército y destituido por el Legislativo y por la situación de la legación brasileña.
"Nos estamos acostumbrando a ver la embajada rodeada de policías y fuerzas de seguridad, pero la verdad es que este hostigamiento nos aleja de la posibilidad de un acuerdo", indicó.
El embajador de Brasil ante la OEA, Ruy de Lima Casaes, calificó el trato dado a la legación por las autoridades hondureñas como "tortura psicológica" y ataque "inhumano".
Relató que las fuerzas de seguridad del régimen golpista proyectan haces de luz "insoportables" sobre las ventanas del edificio para tratar de impedir a sus residentes dormir, intento que apoyan con bocinas y otros ruidos provocados por los policías imitando sonidos de animales.
El diplomático también deploró las restricciones a la entrada de alimentos, que son dejados al sol durante horas antes de permitir su ingreso, lo que provocó en una ocasión "una crisis de diarrea generalizada".
En una declaración acordada por consenso por el Consejo Permanente, la OEA exigió al Ejecutivo de Micheletti la "finalización inmediata" de estas acciones y la retirada de "todas las fuerzas represivas" de los alrededores de la embajada.
Además, Estados Unidos anunció que ha revocado más visados de "miembros o partidarios del Gobierno de facto" hondureño, lo que, según un portavoz del Departamento de Estado, demuestra la prioridad que Washington ha dado al restablecimiento de la democracia en Honduras.
Pese a ello, el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia brasileña, Marco Aurelio García, reiteró que EE.UU. "debería presionar más" al Gobierno de Micheletti y pidió a su presidente, Barack Obama, "una posición más activa en la búsqueda de un acuerdo político".
Ante esto, el Gobierno de Micheletti, lejos de dar señales de que está dispuesto a cumplir con el requisito incondicional de restituir a Zelaya en el poder, se parapetó en su posición inicial de que no hubo un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, por lo que volvió a exigir el reconocimiento de la comunidad internacional.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el canciller del Ejecutivo de facto, Carlos López, aseguró que la pretensión de restituir al gobernante depuesto resulta "contraria al derecho interno y al derecho internacional".
En la misiva, fechada el 8 de octubre pero difundida hoy, López rechazó la resolución de la ONU del pasado 30 de junio que calificaba como "golpe de Estado" la destitución de Zelaya e insistió en que fue una "sucesión constitucional".
El ministro pidió a las Naciones Unidas el fin de las "medidas discriminatorias" contra su país y que deje de reconocer a los representantes del presidente depuesto.
Si el organismo internacional no "entra inmediatamente en contacto con el Gobierno efectivo, legalmente establecido" de Micheletti, "mal puede llevar a cabo la tarea que la resolución le recomienda para que 'informe oportunamente sobre el desarrollo de los acontecimientos en el país'", aseveró.
Por su parte, la comisión de diálogo del mandatario de facto criticó las declaraciones de Insulza, a las que consideró una "intervención inoportuna" en el proceso de negociación.
En tanto, miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras se reunieron en Washington con líderes republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. como parte de una misión para "defender el proceso electoral" para los comicios presidenciales del 29 de noviembre en el país centroamericano.
La comunidad internacional ha dejado claro que no aceptarán los resultados de esas elecciones, si no se restituye antes a Zelaya en el poder.
No obstante, tras la reunión, los líderes republicanos de Florida, Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, que en el pasado viajaron a Honduras para expresar su apoyo al Gobierno de Micheletti, afirmaron que la única solución a la crisis son los comicios.
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