Montevideo.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura.
Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron hoy al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que ayer declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.
Esa era también la sensación en la masiva marcha que recorrió el centro de Montevideo para pedir el voto por el "Sí" en el referéndum previsto para el próximo día 25, en coincidencia con las elecciones generales, en el que se pide la anulación de la controvertida ley.
La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad convocó a decenas de miles de personas que tiñeron las calles de la capital de color rosa, el mismo de la papeleta que pide el fin de la norma, en el último acto de campaña previsto antes de la convocatoria a las urnas.
Para la nieta del poeta argentino Juan Gelman, Macarena Gelman, ella misma víctima de la represión de la dictadura uruguaya, esta decisión judicial es "un punto de partida".
"Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley", dijo Gelman.
Las palabras de Gelman también fueron sostenidas por la asociación de Hijos de Detenidos Desaparecidos (HIJOS), que en una rueda de prensa afirmaron que la decisión por la anulación "va más allá de lo político" y supondrá "un cambio cultural" en Uruguay.
El fallo se produjo a seis días de que los uruguayos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido criticado por los opositores a la nulidad por entender que hay intereses electorales de por medio.
Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto, sin embargo, "para el futuro puede tener mucha importancia", afirmó en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze.
Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray.
Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la norma, que impidió, desde su aprobación en 1986 y su refrendo en 1989 en un plebiscito, el enjuiciamiento de los militares y policías que participaron en la represión de los opositores a la dictadura.
La decisión de los jueces se suma a la postura contraria a la ley ya manifestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo y marca de facto el fin de la Ley de Caducidad, al facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma.
La aprobación de la Ley, indicó el fallo, "excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función asignada constitucionalmente a los jueces".
En sus declaraciones a la emisora radial El Espectador, la fiscal Guianze insistió en que la actual Suprema Corte de Justicia "está actuando con total independencia", mientras que la que en 1988 respaldó la constitucionalidad de la Ley "estuvo sometida a muchas presiones".
Entonces, recordó, "había un desacato abierto de las Fuerzas Armadas que no concurrían a declarar y bajo esa presión se estuvo manejando toda la situación".
El plebiscito coincidirá con las elecciones generales, en las que la coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, parte como favorita.
El Frente Amplio respalda la anulación de la Ley de Caducidad y ha sido acusado por los opositores Partido Nacional y Partido Colorado de crear un estado de opinión que favorezca a la izquierda.
Adriana Peña, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y diputada del Partido Nacional, criticó el momento de la decisión de la Suprema Corte.
"En este caso se mezclaron aspectos políticos en el fallo", al estar "tan cerca de las elecciones y con un plebiscito por en medio", dijo Peña a Efe.
En las filas de los principales partidos de la oposición no hay una posición oficial sobre el sentido del voto en torno a la Ley de Caducidad, con una mayoría de dirigentes contra la anulación, algunos a favor y unos terceros favorables de la libertad de sufragio.
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