Montevideo.- La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) supone "un punto de partida", dijo hoy Macarena Gelman.
La nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos en las dictaduras argentina y uruguaya opinó que la medida "crea un antecedente más que importante" en un momento en que "todas las partes del Estado están en consonancia en relación a este tema".
La declaración de inconstitucionalidad que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia, aunque se aplica solo a un caso concreto, el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, se suma a la postura contraria a la norma ya expresada por los poderes Ejecutivo y Legislativo de Uruguay.
La Ley de Caducidad, que fue promulgada en 1986 y refrendada en un plebiscito tres años después, dejó sin juicio a militares y policías implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
"Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley", dijo Gelman en referencia al plebiscito al que se someterá la norma el próximo 25 de octubre, coincidiendo con la celebración de elecciones generales en Uruguay.
La consulta es "una oportunidad histórica para revisar una situación que ha sido cuestionada desde el ámbito nacional e internacional", opinó la nieta de Juan Gelman.
"En el ámbito internacional se ha advertido a Uruguay que la norma va contra los tratados firmados por el país; y, en el ámbito nacional, la Suprema Corte la ha declarado inconstitucional", recalcó.
Además, subrayó que la Ley de Caducidad "va contra la democracia" al "violar la separación de poderes" del Estado, pues "el poder Judicial debe consultarle al Ejecutivo para poder investigar (un caso de detención o desaparición) y éste decide si está comprendido o no dentro de la norma".
Asimismo, la ley "ampara crímenes y asesinatos que se cometieron durante la dictadura" y "no da los mismos derechos y garantías a los familiares de esas víctimas que a cualquier otro ciudadano", manifestó Gelman.
Para ella, la derogación de la norma significaría "volver" a sentirse "orgullosa" de ser ciudadana de Uruguay, pues, en su caso, "el hecho de ser uruguaya está poniendo en evidencia el crimen que se cometió".
Su madre, la argentina María Claudia García, fue detenida en 1976 en Buenos Aires, con 19 años y embarazada de siete meses, y trasladada clandestinamente a Montevideo.
Allí dio a luz a Macarena y fue presuntamente asesinada por agentes de la dictadura que imperaba en esos momentos en Uruguay.
El esposo de María Claudia García y padre de Macarena, Marcelo Gelman, hijo del laureado escritor, fue detenido en la misma fecha en Argentina y su cadáver apareció tiempo después.
"Nací y crecí acá y quiero a este país, pero esta ley me está lastimando", aseveró Gelman.
Por eso, "sería un orgullo decir que la sociedad uruguaya se manifestó en contra de mantener la impunidad que genera esta norma".
"Los que fuimos víctimas de la dictadura y la represión de la época, que en realidad lo fuimos todos, no estamos teniendo garantías ni derechos", insistió Gelman, quien consideró que "cualquier ser humano puede entender esto despegándose del tema partidario".
El gobernante Frente Amplio apoya la campaña por la anulación, mientras que muchos de los dirigentes de los dos principales partidos de la oposición, el Nacional y el Colorado, están a favor de mantener la controvertida ley.
Gelman destacó que los votantes son "libres" para "expresar su opinión" y que "incluso, hay sectores del Partido Nacional y Colorado que se han manifestado a favor de la ley".
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