Caracas.- Un tribunal venezolano decidió enjuiciar a la líder oficialista Lina Ron por su participación en un ataque armado a la sede de la televisión opositora Globovisión el pasado agosto, informó hoy la Fiscalía General.
El Tribunal 18 de Control de Caracas "admitió las pruebas aportadas por el Ministerio Público" sobre la presunta participación de Ron en el suceso, "al tiempo que acordó el enjuiciamiento" de la dirigente afecta al presidente venezolano, Hugo Chávez, precisó la Fiscalía en un comunicado.
Ron, líder del grupo Unión Patriótica Venezolana (UPV) fue puesta el libertad el pasado miércoles tras permanecer detenida poco más de dos meses en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en el este de Caracas, en donde se entregó el pasado 4 de agosto.
Ese día, la Fiscalía había pedido su detención y había anunciado que la imputaría por siete delitos por el nuevo ataque a Globovisión, que ha sido agredida al menos en cuatro ocasiones por afectos al Gobierno de Chávez en los últimos dos años.
En una audiencia preliminar celebrada este viernes, el Ministerio Público ratificó las acusaciones contra Ron "por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento (amenaza con arma), promotora en la gavilla e intimidación pública", indicó la información oficial.
El Tribunal 18 de Control "acogió parcialmente la acusación al desestimar los delitos de promotora en la gavilla e intimidación pública", dijo la Fiscalía General.
El juzgado caraqueño otorgó a Ron una medida cautelar sustitutiva de presentación ante dicha instancia y de prohibición de acercarse a las víctimas y a Globovisión, añadió el comunicado oficial.
Una agente policial y un empleado del canal resultaron levemente heridos el pasado 3 de agosto, cuando Ron y una treinta de sus seguidores entraron de forma violenta a la sede de Globovisión, amenazada de cierre por el Gobierno, de Chávez que le acusa de practicar el "terrorismo mediático".
La cadena privada de noticias, que emite para Caracas y una parte de la ciudad de Valencia, a unos 120 kilómetros de la capital, enfrenta al menos cinco expedientes administrativos por parte del ente rector de las telecomunicaciones Conatel, dos de los cuales podrían acarrearle la revocación del permiso de transmisión.
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