La Paz.- El Gobierno de Evo Morales prepara un proyecto de Ley de Electricidad que regulará la nacionalización del sector, tanto en las áreas de generación como de transporte y distribución, de acuerdo con la nueva Constitución de Bolivia, informan hoy los medios.
El Viceministerio de Electricidad prevé tener elaborado para principios de diciembre un borrador final sobre la nueva norma con el fin de que sea una de las leyes que trate la Asamblea Plurinacional (actual Congreso) que salga elegida de los comicios generales del 6 de diciembre.
La nueva ley eléctrica buscará instrumentar los mecanismos para un "mejor control de la industria estratégica, ya sea con el 60 al 70 por ciento del paquete accionarial en manos del Estado", según explicaciones del viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, recogidas por la agencia estatal ABI.
"Tenemos que ver si los esquemas de remuneración que tiene hoy la industria de generación, transporte y distribución se adecúan a lo que dice la ley. Es un derecho fundamental el servicio de electricidad y hay que ver la forma de estructurar la remuneración de ese negocio", declaró Yagüe.
El Gobierno de Evo Morales comenzó en 2009 a negociar la nacionalización de las tres empresas generadoras de energía eléctrica que operan en Bolivia y que están participadas parcialmente por capitales extranjeros.
Se trata de las empresas Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International subsidiaria de la francesa GDF Suez; Guaracachi, cuya socia principal es la británica Rurelec PLC, y Valle Hermoso, donde las mitad de las acciones pertenecen a The Bolivian Generating Group de la firma Panamerican de Bolivia.
El Ejecutivo de Evo Morales prevé cerrar a finales de octubre la negociación con estas empresas, según el viceministro Yagüe.
En el sector eléctrico boliviano pero en el ámbito del transporte y distribución operan además las firmas españolas Red Eléctrica de España (REE) e Iberdrola.
Concretamente, REE posee el cien por cien de la Transportadora de Electricidad (TDE), responsable de la mayoría del transporte de energía eléctrica en Bolivia, mientras que Iberdrola controla la distribución en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro.
La previsión del Gobierno es estudiar la nacionalización del sector del transporte y distribución en una segunda etapa, tras asegurar la participación del Estado en el ámbito de la generación.
La nueva Constitución de Bolivia, aprobada en referéndum en enero de 2009, establece que el acceso a las diferentes formas de energía y sus fuentes es un "derecho fundamental y esencial" para el desarrollo del país.
La Carta Magna dice que "es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución a través de empresas públicas, mixtas e instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, comunitarias y sociales con participación y control social".
A lo largo de su gestión, el presidente Evo Morales ha aplicado diversos modelos de nacionalización en los sectores petrolero, minero y de telecomunicaciones.
En la mayor parte de los casos ha alcanzado acuerdos de compensación económica con las empresas extranjeras involucradas.
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