La Paz.- El Estado boliviano asumirá parte de las acciones de tres generadoras eléctricas mediante un decreto que obliga a las gestoras de pensiones que operan en el país a transferir su participación, dentro del proceso para nacionalizar el sector.
Un decreto gubernamental difundido hoy instruye el traspaso a la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), "a título gratuito y sin costo administrativo", de entre el 47 y 49 por ciento de las acciones de los grupos BBVA (España) y Zúrich (Suiza) en las generadoras de electricidad Corani, Guaracachi y Valle Hermoso.
En realidad los propietarios de estas acciones son los ciudadanos bolivianos, si bien su administración dependía de las gestoras de pensiones que BBVA y Zúrich tienen en Bolivia.
La norma agrega que la estatal eléctrica deberá designar a sus representantes en los directorios de las tres generadoras eléctricas.
Corani está participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; Guaracachi tiene como socia principal a la británica Rurelec PLC, que posee la mitad de las acciones y Valle Hermoso pertenece a The Bolivian Generating Group, de la firma inversora Panamerican de Bolivia.
Con el nuevo decreto, el Estado boliviano comenzará a tener participación directa, aunque todavía minoritaria, en esas compañías con cuyos socios capitalistas el Gobierno negocia actualmente su nacionalización.
El Gobierno de Morales aspira a lograr al menos el 50 por ciento más uno en las eléctricas y prevé concluir la negociación con los socios capitalistas hacia el 30 de septiembre.
El viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, dijo hoy a Efe que el porcentaje para el Estado puede ser mayor, si bien dependerá del grado de participación que decidan tener las empresas extranjeras en el negocio luego de la nacionalización.
El presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia del grupo Zúrich, Gonzalo Bedoya, explicó a Efe que tanto esa firma como la del grupo BBVA tendrán que cumplir con el decreto, si bien las gestoras tienen algunas observaciones a la norma.
"En ausencia de un Tribunal Constitucional no podemos sino cumplir con este decreto y ver posteriormente qué acciones legales, si corresponde, podríamos adoptar", señaló.
Bedoya indicó que la disposición no afectará a las operaciones de las administradoras de pensiones, pues el traspaso de acciones solo significa que tendrán "una atribución menos" que desempeñar.
"Veremos qué otras situaciones vamos a adoptar, todo en aras no de una contraposición a las determinaciones del Ejecutivo, sino de cuidarnos en salud por cualquier emergencia de responsabilidades posteriores que pudieran asignarnos a tiempo de cumplir con esta disposición legal", agregó.
Esta es una medida similar a la decretada en 2006 en el sector de los hidrocarburos, cuando Morales dispuso que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumiera el control de las acciones que tenían los ciudadanos bolivianos, a través de gestoras de pensiones, en tres petroleras.
La diferencia entre un caso y otro es que el nuevo decreto instruye la transferencia "de manera inmediata", en tanto que la norma para el sector de hidrocarburos fijaba un plazo de cuatro días para realizar el traspaso y advertía con una intervención a las AFP si no se concretaba el mismo.
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