Barcelona.- El empresario José Luis Núñez Navarro ha negado hoy cualquier relación con la compra de pisos por parte de inspectores de Hacienda a su grupo inmobiliario y ha desvinculado su actividad y la de su padre, el ex presidente del FC Barcelona, de la gestión fiscal de sus empresas.
Núñez Navarro, que dirigía el área financiera del grupo que lleva su nombre, afronta una condena de ocho años de prisión junto a su padre, el ex presidente barcelonista José Luis Núñez Clemente, por haber sobornado presuntamente a inspectores de Hacienda a cambio de un trato de favor para sus empresas.
La Fiscalía sostiene que, gracias a esos sobornos, consistentes en facilidades para la compra de pisos y aparcamientos, los inspectores hicieron la vista gorda ante supuestas operaciones fiscales irregulares del grupo, con lo que Núñez y Navarro habría logrado ahorrar en impuestos 13,2 millones de euros.
En su declaración en el juicio, el hijo del ex presidente del Barça ha negado tajantemente haber pagado sobornos y ha asegurado que hasta su procesamiento no sabía "nada" de la compra de pisos y garajes al grupo por parte de los inspectores también imputados Manuel Abella y Roger Bergua.
El imputado ha afirmado que es "completamente falso" que presentara a Abella como amigo personal suyo para facilitarle la concesión de una ventajosa hipoteca en Caixa Catalunya, como consta en el informe de riesgos que elaboró esta entidad, ya que, ha asegurado, ni siquiera conocía al inspector de Hacienda.
Según Núñez Navarro, para él fue una "sorpresa" el contenido de ese informe, sobre el que ha aventurado tres hipótesis: que fuera el propio Abella el que mintiera sobre su relación con él, que lo hiciera el director de la sucursal bancaria o el comercial que llevaba la operación con el fin de asegurarse al nuevo cliente.
En cualquier caso, al imputado le han parecido "absolutamente razonables" las facilidades de que disfrutaron los inspectores para la compra de los pisos, lo que incluía desde aplazamientos de pagos hasta la asunción de las obras de reforma por parte del grupo.
Asimismo, el que sigue siendo uno de los máximos directivos de la empresa familiar Núñez y Navarro ha responsabilizado de la gestión fiscal del grupo a sus subalternos, un director financiero no imputado en la causa y el encausado Salvador Sánchez Guiu, que dirigía el área de gestión tributaria, porque tenían "suficiente autonomía" dentro del hólding.
El imputado ha insistido en desvincularse de la estrategia fiscal del grupo y ha recalcado que nunca intervino en ninguna inspección, ni mucho menos su padre, que, según su versión, desde que asumió la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 1978 tenía una "presencia disminuida" en el grupo inmobiliario.
Otro de los argumentos esgrimidos por Núñez Navarro ha sido la defensa de la legalidad de las operaciones entre sociedades del grupo inmobiliario que, a juicio de la acusación, eran irregulares y perseguían reducir las obligaciones fiscales del conglomerado.
"Todas nuestras operaciones están amparadas por la ley. Y el tiempo nos ha ido dando la razón", ha añadido el acusado, tras admitir que en alguna de esas transacciones, como en la exención del pago de impuestos por reinversión, el grupo interpretó a su favor una legislación "que no estaba absolutamente clara".
Respecto a otras operaciones entre empresas del grupo que para la Fiscalía son dudosas, el empresario inmobiliario ha dicho que fueron acometidas por decisión del director financiero, sin consultarlas ni con él ni con su padre.
Núñez Navarro ha aprovechado el interrogatorio del fiscal para expresar su más "profunda indignación" con un informe pericial del caso que mantiene que el grupo inmobiliario constituye una única realidad empresarial pre-existente que maneja numerosas sociedades "con motivos instrumentales".
"Me cuesta entender que se haya podido escribir eso", ha protestado José Luis Núñez, que ha explicado que su grupo ha llegado a contar con hasta 200 sociedades, porque la dinámica de la propia actividad inmobiliaria les obliga a trabajar con muchas empresas.
El acusado ha insistido también en una de sus principales líneas de defensa, que fueron una cincuentena los inspectores que examinaron la contabilidad del grupo, y ha minimizado las 14 operaciones supuestamente fraudulentas poniéndolas en relación con el gran volumen de transacciones que mueve el hólding.
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