Barcelona.- El ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet ha responsabilizado hoy a sus subalternos de las inspecciones irregulares en empresas y ha justificado que el dinero que tenía en Suiza procedía de inversiones en bolsa que el abogado Juan José Folchi le ayudó a evadir.
Huguet, que afronta una condena de 16 años de prisión, ha sido el primer imputado en declarar en el macrojuicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por la trama de corrupción en Hacienda destapada a finales de la década de 1990, en la que están acusados notorios empresarios catalanes y ex altos responsables de las inspecciones fiscales en Cataluña.
La Fiscalía acusa a Huguet de haber paralizado inspecciones fiscales y falseado diligencias y actas de inspección de varias empresas, entre ellas del grupo Torras, a cambio de varios ingresos en cuentas bancarias suizas que superaban los 300 millones de pesetas, ordenados por el empresario Javier de la Rosa a través del conocido abogado Juan José Folchi, ambos imputados en la causa.
Por este motivo, el ministerio público ha dedicado gran parte de su interrogatorio a emplazar al acusado a justificar la procedencia de esas sumas de dinero, que, según Huguet, obtuvo mediante "arriesgadas" inversiones en bolsa a través de comunidades de bienes a nombre de su mujer y de algún familiar cercano que no ha querido desvelar.
Según el imputado, entre 1990 y 1993 -fechas en que se produjeron las inspecciones irregulares- y junto al ex delegado de Hacienda Ernesto de Aguiar -quien estuvo imputado en la causa hasta que se le archivó-, estuvo entregando dinero negro en maletines a Folchi para que éste lo transfiriera a sus cuentas de Suiza y, de esa manera, evadir impuestos.
Tras señalar que fue De Aguiar quien le puso en contacto con el también imputado Folchi, Huguet ha asegurado que su imparcialidad como funcionario público no se vio "en absoluto" afectada por su relación con el reputado abogado.
Asimismo, en su declaración, el que hasta 1994 fuera el máximo responsable de las inspecciones fiscales a empresas catalanas ha asegurado que él se limitaba a firmar las actas que le presentaban sus subalternos, sin hacer verificaciones ni correcciones, ya que la ley le permitía delegar esa función en sus inferiores.
Huguet ha añadido que nunca reparó en errores o irregularidades en los expedientes de inspección a las empresas investigadas porque éstas "no eran cuestiones de su competencia" y por coherencia con el principio de jerarquía que imperaba en la delegación de Hacienda.
"Yo no podía ver lo que mis inspectores adjuntos, que estaban más cerca, podían ver", ha recalcado el procesado, tras explicar que en alguna ocasión en su mesa se acumulaban "montones de actas" que él no llegaba ni a mirar, debido a que su cargo le obligaba a viajar continuamente a Madrid y a ausentarse semanas enteras para tratar asuntos de más relevancia.
Según Huguet, por el principio de jerarquía estaba obligado a firmar cualquier propuesta que le remitiera uno de sus inspectores adjuntos.
"Hacer otra cosa sería incorrecto e iría contra la organización y la jerarquía", ha añadido.
De esta manera, el procesado ha responsabilizado implícitamente de las inspecciones irregulares a otros de los imputados en la causa: el inspector regional adjunto Roger Bergua, encargado del sector inmobiliario, y los inspectores Álvaro Pernas y Manuel Abella, subalternos del anterior.
La declaración de Huguet, que proseguirá mañana, se ha iniciado después de que el tribunal rechazara la prescripción de los delitos que se imputan a varios de los procesados, como habían pedido sus defensas en el primer día del juicio.
La sala, recogiendo los argumentos de la fiscalía, ha argumentado que el delito más grave que se imputa a los acusados, el de falsedad documental, prescribe al cabo de diez años, plazo que aún no ha transcurrido, aunque la causa ha estado instruyéndose nueve años y medio.
En total, los 14 imputados por la Fiscalía, entre los que figuran los empresarios Javier de la Rosa y José Luis Núñez, afrontan penas que suman 126 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.
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