Bogotá.- La Dirección de Policía colombiana oficializó hoy que asume la dirección de la oficina de la Interpol en el país, dentro del proceso de reestructuración del DAS (inteligencia estatal), sacudido por escándalos de escuchas ilegales a magistrados, periodistas y políticos.
Según un comunicado de la Oficina de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, el traslado de las funciones se realizó mediante la firma de un convenio interinstitucional entre el DAS y Policía.
Puntualizó que la decisión se protocolizará ante la septuagésima octava Asamblea General de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), que se realizará el 11 de este mes en Singapur.
Se tiene previsto que a la Asamblea de la Interpol asistan los directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz y de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo.
El documento de la Casa de Nariño agrega que el DAS sigue reestructurándose "para crear una nueva agencia civil de inteligencia", según lineamientos del Gobierno colombiano.
El acuerdo firmado contempla la creación de "un comité conformado por varios grupos de trabajo cuya función será la de garantizar la continuidad ininterrumpida de los sistemas de comunicación y del intercambio de información utilizados por Interpol".
A mediados de septiembre pasado el director del DAS anunció que la institución se acabaría para darle vida a una nueva agencia.
Muñoz precisó que el nuevo ente concentrará sus esfuerzos en desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia y todo lo que tiene que ver con el servicio de extranjería.
El DAS depende directamente de la Presidencia de la República y en los últimos cinco años ha sido centro de polémicas por operaciones no autorizadas.
Varios de sus más recientes directores son investigados principalmente por presuntos vínculos con paramilitares y por escuchas ilegales a personalidades, entre ellos a varios aspirantes a la presidencia y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, a reconocidos periodistas, a líderes sindicales y a defensores de derechos humanos, entre otros.
El Gobierno colombiano siempre ha negado que haya dado la orden de hacer seguimientos o de ordenar interceptaciones telefónicas y ha dicho que comenzó una depuración de su personal.
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