WASHINGTON, D.C.- "No sabemos quién está detenido, ni por qué. Los arrestados no tienen un proceso de puesta en libertad, el sistema no registra los lazos familiares, ni permite que los inmigrantes se acojan a otras alternativas a la detención". Ésta era la denuncia que hace tres semanas presentó Andrea Black, coordinadora de la organización Detention Watch Network, en un informe sobre el sistema de detención norteamericano.
La principal potencia del mundo no sabe dónde están recluidos los miles de detenidos por tratar de entrar en el país de forma irregular. Hace unos días, el Instituto de Política Migratoria (MPI), un 'lobby' con sede en Washington, publicó un informe (PDF: 699kb) que analizaba las condiciones de 32.000 presos en los centros de detención de inmigrantes. La investigación concluyó que la Administración central carece de un sistema que ayude a saber dónde están físicamente cada una de estas personas —los traslados de un centro a otro son habituales—, en qué punto del proceso de condena se encuentran, facilitarles el acceso a una defensa legal o incluso cumplir con las leyes de detención establecidas por la Constitución norteamericana.
Una de las consecuencias más graves por la carencia de este sistema es la falta de diferenciación entre inmigrantes indocumentados y criminales. Las leyes estadounidenses establecen que entrar ilegalmente en el país es un delito civil, no criminal. Sin embargo, el MPI descubrió que el 58% de los detenidos no tiene historial delictivo, a pesar de que la orden de encarcelamiento se aplica mayoritariamente a criminales con los que terminan compartiendo espacio en la prisión.
Ante esta situación, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en ingles), Janet Napolitano, anunció nuevas medidas de control que consideren las circunstancias y condiciones de los inmigrantes indocumentados detenidos. El Gobierno ofrecerá información sobre cuándo y dónde están los presos, se utilizarán "hoteles convertidos" e "instalaciones residenciales" para alojar a los detenidos no peligrosos, así como brazaletes electrónicos para rastrearlos. El sistema archivará información, entre otros, de los 440.000 inmigrantes que espera detener sólo durante este 2009.
"Estamos trabajando para que las condiciones sean más humanas, desarrollando un sistema localizador por internet para que le sea más fácil a las familias encontrar a sus seres queridos, y mejorando el acceso a los servicios legales y servicios de inmigración", declaró Napolitano. El Gobierno admitía así, lo que muchos activistas llevan tiempo denunciando, la falta de estos servicios.
El retrato de la situación es preocupante. Los presos son en su mayoría hombres —un 90%—; hay un gran número de menores sin compañía de un familiar adulto; inmigrantes supervivientes de torturas y víctimas del tráfico de personas; residentes tramitando una petición de asilo político... En total, pertenecen a 177 países distintos y, para cada uno, el proceso de deportación es diferente.
Los presos por infracciones migratorias están recluidos en 286 centros repartidos por todo el país, aunque no de forma equilibrada. Más de la mitad están internos en 17 centros masificados, de los que tres de cada cuatro han sido subcontratados a una empresa privada. "Como resultado, el Gobierno tiene un control limitado sobre los centros y los detenidos", explicó Black en su denuncia. A veces ni el Departamento de Inmigración, ni la familia, saben si un preso ha sido trasladado a otro centro a miles de kilómetros de distancia. Otras veces no hay forma de comunicar a un detenido que sus hijos han sido entregados a los servicios sociales y, por tanto, ha perdido la custodia.
Esta falta de información sobre presos hace que las autoridades caigan en otras infracciones, como privar de libertad a los detenidos después de que se haya ordenado su puesta en libertad. La intención del Gobierno es que a partir de ahora estén disponibles todos estos datos, desde el riesgo que supone cada uno de los detenidos hasta si hay familiares detenidos con los que deberían ponerles en contacto.
Sin embargo, el anuncio de la Administración Obama llega tarde para los grupos que llevan denunciando irregularidades desde hace varios años. Ali Noorani, portavoz del 'lobby' Foro Nacional de Inmigración, declaraba en un comunicado que estos cambios "no llegan precisamente a tiempo. Han sido años de negligencias y condiciones inhumanas en centros de detención que tienen que cambiar de manera radical ahora mismo."
El caos en los centros penitenciarios para inmigrantes indocumentados es parte de la herencia de la Administración Bush. Según el informe del MPI, liderado por Donald Kerwin, el 60% de estos centros fueron creados a partir de 2004. En Estados Unidos, el Departamento de Inmigración depende del de Seguridad Nacional, reforzado después del 11-S. Bush incluyó como objetivo la detención de los inmigrantes indocumentados para reducir la criminalidad y el riesgo de ataques terroristas. Desde entonces, casi medio millón de personas "desaparecen" al año dentro de un sistema de detención que se reconoce "inservible".
Dora Schriro, consultora del Departamento de Seguridad Nacional, fue la única representante del Gobierno presente durante la presentación del informe-denuncia. Aunque trató de justificar la labor hecha, sólo pudo reconocer los fallos de un sistema que ahora la Casa Blanca se da prisa por arreglar. Y no sólo por cuestiones humanitarias —las autoridades desconocen las condiciones médicas y psicológicas de los presos—, sino también económicas —esta reclusión prolongada y masiva supone un gasto de 1.800 millones de dólares al año para las arcas públicas—.
"La Administración está lidiando con los mismos problemas que habéis tenido vosotros durante estos años", confesó Schriro a las organizaciones humanitarias durante el encuentro. También reconoció que tienen que analizar todo el sistema para saber si los centros de detención, así como las alternativas disponibles para evitar la estancia en prisión, son efectivas. Pero la cosa no parece que tenga una solución inmediata. "Cuanto más escarbamos en el sistema, más nos damos cuenta de que no sirve para nada", reconoció una pesimista Schriro.
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