Washington.- La reforma del sistema de detención de los inmigrantes es un buen paso para reparar la imagen de EE.UU., donde víctimas de tortura o solicitantes de asilo jamás deberían temer por sus vidas en las cárceles del país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, anunciaron en rueda de prensa una serie de medidas para mejorar la supervisión de las cárceles y la atención que reciben los detenidos.
Las reformas se centran en la gestión de la población carcelaria; la búsqueda de sitios alternativos a las prisiones; el traslado de detenidos según el riesgo que representen; una mejor gestión en el manejo de solicitantes de asilo, y mejoras en el cuidado médico de los detenidos.
Estas medidas emanan de un informe de aproximadamente 35 páginas que entregó Dora Schriro, encargada de la política de detención y deportación de inmigrantes, antes de renunciar y marcharse a Nueva York como comisionada de las cárceles de esa ciudad.
Para comienzos de septiembre pasado, ICE tenía bajo su custodia a unos 31.075 inmigrantes sujetos a deportación distribuidos en más de 300 instalaciones, entre cárceles locales, estatales y federales.
En 2008, el costo de mantener encarcelados a los inmigrantes indocumentados fue de alrededor de 2.000 millones de dólares.
Pero el mantenimiento de los detenidos no sólo es una operación costosa -de alrededor de 100 dólares a diario por detenido, según algunos cálculos- sino que a veces, según sus críticos, resulta innecesaria, como es el caso de aquellos cuyo único crimen es solicitar asilo en EEUU.
Así, entre las medidas se sopesa el uso de "hoteles convertidos" e "instalaciones residenciales" para alojar a los detenidos no peligrosos, y el uso de brazaletes electrónicos para rastrearlos.
Estas reformas fueron anunciadas meses después de que grupos cívicos y humanitarios denunciaron el maltrato de los inmigrantes bajo custodia de ICE.
Algunos, incluso, perdieron la vida por una atención médica precaria o inexistente, algo que jamás debió ocurrir en un país que se precia de respetar los derechos humanos y civiles de la población.
Pero ése no fue el único problema de relaciones públicas del DHS.
También estaba en la mira de grupos pro-inmigrantes la política de mezclar en una misma cárcel a prisioneros peligrosos con inmigrantes que cometieron infracciones menores.
Además, algunos inmigrantes fueron trasladados a sitios lejos de sus familias y sin acceso a defensores públicos.
Según recordó en un informe en marzo pasado Amnistía Internacional, miles de extranjeros detenidos, entre ellos víctimas de tortura o de contrabandistas y hasta solicitantes de asilo político sufren en estos centros de detenciones sin poder pagar una fianza y sin acceso al debido proceso legal para argumentar sus casos.
Según Human Rights Watch, más de 100 detenidos fallecieron bajo custodia de ICE desde 2003 y entre 1999 y 2008, ICE transfirió a 1,4 millones de detenidos pero esos traslados han interferido con el derecho de esas personas a defenderse, a presentar testigos y pruebas y a no ser sometidas a una detención arbitraria y prolongada.
De hecho, aún están pendientes en los tribunales varias demandas entabladas contra el DHS, incluyendo una demanda colectiva en el estado de California.
Ahora, el DHS promete que todo esto cambiará.
La transformación del sistema de detención de inmigrantes no será tarea fácil, según reconocieron Napolitano y Morton, pero es un paso vital para corregir los problemas que ahora aquejan al complicado sistema de cárceles privadas y públicas bajo contrato del DHS.
El DHS dejó en claro hoy que continuará deteniendo a inmigrantes sujetos a la deportación. Si esa es o no la estrategia más acertada es tema para otro tipo de análisis, pero lo que no es negociable es que los inmigrantes merecen un trato digno y humano.
Estados Unidos es signatario de diversos convenios internacionales que rigen el trato de detenidos y eso debe informar las prácticas de detención de inmigrantes en el futuro.
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