WASHINGTON, D.C.- Marlene Jaggernauth llevaba 27 años viviendo de forma "legal" en Estados Unidos, después de emigrar desde Trinidad y Tobago, cuando fue detenida por el Departamento de Inmigración. Le acusaban de un pequeño robo al poco de entrar en el país. Durante cuatro años y antes de ser deportada, fue retenida en varios centros de detención sin atención médica.
"Lo que vi durante esos cuatro años fueron víctimas de violencia doméstica, refugiados, presos que habían sido objeto de tráfico de personas o discapacitados y enfermos mentales que no recibieron ninguna ayuda médica. Muy pocos tenían acceso a abogados o traductores. Si protestabas por la falta de ayuda médica, podían alargarte el tiempo que estabas detenido", declaraba Jaggernauth la pasada semana en un acto en Washington, D.C., con diferentes organizaciones.
El presidente Obama ha mostrado en varias ocasiones su deseo de reformar las leyes de inmigración y establecer las condiciones para conseguir "legalizar" a doce millones de indocumentados. Un miembro de la Administración norteamericana ha confirmado incluso en el New York Times que les gustaría abordar los cambios antes del final de 2009. Pero los activistas quieren asegurarse de que la reforma termina con un capítulo que consideran vergonzoso: defienden que los centros de detención de indocumentados caen en una especie de limbo legal en el que se violan desde la Constitución estadounidense a leyes internacionales.
En respuesta a las declaraciones en el diario neoyorquino, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y activistas han invadido la capital con visitas al Congreso, reuniones, comparecencias, ruedas de prensa y toda clase de eventos para presionar al Gobierno de Obama. Quieren asegurarse una reforma favorable a los inmigrantes, pero también recordarle al inquilino de la Casa Blanca que estos centros de detención están fuera de la legalidad: la mayoría de los detenidos superan el tiempo de estancia máximo sin derecho a juicio.
"Recuerdo mi sorpresa cuando después de muchos años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo, me encontré con que también había violaciones en mi propio país", asegura Sarnata Reynolds, directora legislativa para inmigrantes y refugiados en el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional.
La ley norteamericana establece que entrar de forma ilegal en su territorio constituye un delito civil, no criminal. Aun así, el Departamento de Inmigración tiene el objetivo de encarcelar a casi medio millón de indocumentados este año. Mientras esperan su juicio, permanecerán encerrados en 300 centros de detención para inmigrantes y cárceles de todo el país, compartiendo celdas con condenados por robo, asesinato u otros delitos. El tiempo de espera para la deportación, una vez que se ha celebrado el juicio con las autoridades de inmigración, no debe superar los seis meses, pero muchos de estos detenidos pasan años encerrados, son desplazados de un centro a otro y casi siempre carecen de defensa legal.
La Administración de Bill Clinton estableció durante su última legislatura un programa que permitía a la policía de cada estado reforzar las labores de lucha contra la inmigración ilegal, un asunto que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, durante el mandato de George W. Bush, diferentes estados fueron consiguiendo permisos para que 'sheriffs' y policías tuvieran la misma competencia que los agentes de inmigración. La consecuencia: en estos estados, si un policía detiene a una persona sin papeles, puede trasladarle directamente a un centro de detención para que espere allí un juicio y ser deportado.
Entre las frases más recordadas de los que han acogido estos programas con las manos abiertas está la que declaró un oficial en una reunión con agentes de inmigración: "Podemos hacer que una persona desaparezca".
El origen de este programa fue la lucha contra el terrorismo dentro de Estados Unidos y para mejorar la seguridad mediante la persecución de indocumentados y criminales. Pero la organización Justice Strategies encontró que justamente el 61% de las localidades en las que la policía puede detener indocumentados tiene ya un índice de criminalidad por debajo de la media nacional. Además, el 80% de los permisos han sido otorgados en una zona con un largo historial de discriminación con tintes racistas.
"Sencillamente, no tiene ningún sentido", afirma Aarti Shahani. La experta de Justice Strategies denuncia además que estas detenciones les cuestan a los estadounidenses 1.700 millones de dólares al año.
Las denuncias de los defensores de los derechos de los inmigrantes van desde la proliferación de redadas y retención de indocumentados que esperan un juicio en cárceles para criminales ya condenados, hasta el trato que reciben en el momento de la detención o las consecuencias para las familias de los detenidos. El año pasado, la organización Consejo Nacional de La Raza denunciaba que en las detenciones en carretera —en algunos estados la policía de tráfico también puede exigir el permiso de residencia, por ejemplo, como parte de estos programas especiales— muchas veces los policías abandonan a los niños en los coches, sin avisar a otros familiares para que los recojan. Los menores piensan que sus padres les han abandonado, que son asesinos o que el último recuerdo de ellos va a ser ése, cuando entraron esposados en un coche de policía.
Shahani señala que su organización ha mantenido varios encuentros con el equipo de Obama desde la transición y que conocen estos casos. Sin embargo, cuando hace dos semanas mantuvo una reunión con el Comité de Justicia del Congreso, muchos de los legisladores desconocían los detalles. "Ese programa del que hablas, ¿es para investigar o para qué?", apunta como ejemplo, citando a un congresista.
"Tenemos que contar esta historia porque creemos que si todos los norteamericanos supieran lo que está ocurriendo en estos centros, se quedarían horrorizados", insiste Shahani. Según diversas investigaciones, el problema más denunciado por los detenidos es la falta de atención médica y de acceso a su propio historial.
Marlene Jaggernauth necesitó atención de un ginecólogo mientras estaba en uno de los centros. Su petición fue enviada a Washington para que aprobaran la asistencia —normalmente se envía una persona a uno de los centros o se traslada al preso a un hospital—. Antes de recibir ninguna respuesta, Jaggernauth fue trasladada a otro centro de detención. Allí tuvo que volver a empezar el proceso. Fue deportada a Trinidad y Tobago antes de ver a ningún médico.
Para Shahani, el problema radica en la cualificación de los funcionarios de las cárceles. "Se trata de empleados que no están preparados para ese trabajo, que no entienden las necesidades de los detenidos y que piensan que mientras esperan a ser deportados, no hay necesidad de responder a lo que pidan. Piensan que se pueden permitir ignorarlos", declara.
Diferentes organizaciones han denunciado casos de inmigrantes que han fallecido en estos centros de detención. Cheryl Little, directora del Centro de Abogados por los Inmigrantes en Florida, recordaba a Hiu Lui Ng, un inmigrante e ingeniero del Empire State que falleció a causa de un cáncer que no le fue diagnosticado hasta después de cuatro meses quejándose por los dolores. La investigación del caso descubrió una grabación en la que el fallecido fue arrastrado por los oficiales del centro, le negaron la medicación y una silla de ruedas cuando ya no podía caminar, y le acusaron de mentir sobre su enfermedad.
Little añadió a la lista nombres de algunos de los 91 inmigrantes que han fallecido en estos centros desde 2003. Entre ellos hay detenidos con esquizofrenia sin acceso a su medicación, presos de los que se supo que padecían cáncer o patologías del corazón sólo después de haber fallecido, paralíticos sin acceso a silla de ruedas y haciéndose sus necesidades en la cama durante seis meses o mujeres obligadas a mostrar compresas usadas para probar que necesitaban más.
"Estar detenido es difícil por varias razones, pero en cuanto a la ayuda médica nos sentimos impotentes y asustados. Es un sistema humillante que han creado simplemente para inspirar miedo. Nada más", atestigua Jaggernauth. "Se trata de una crisis de derechos humanos y civiles. Estados Unidos está fallando. Hacer algo así en este país no es sólo inaceptable, va más allá de lo vergonzoso", concluye la abogada Little.
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