Bruselas.- El consejero de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, ha destacado hoy las posibilidades de Asturias de recurrir a la deuda gracias a las políticas de contención desarrolladas durante los últimos años, aunque ha considerado que es una opción que debe utilizarse con "prudencia" para no agotar posibilidades futuras.
Rabanal, que se encuentra en Bruselas acompañado el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, asistirá mañana en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha explicado que este órgano abordará en ese encuentro dos cuestiones "importantes" como son la asignación del déficit de 2010, que está fijado en el 2,5 por ciento, y un informe en relación con la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
En relación con el déficit, el consejero ha explicado que hay elementos relevantes porque también se va a abordar cómo se van a hacer los planes de saneamiento de los años 2008, 2009 y 2010, y ha recordado que en que en primero de esos ejercicios algunas regiones tuvieron resultados negativos por encima del 0,75 por ciento, aunque no es el caso de Asturias.
Rabanal ha destacado que el Principado, fruto de su política económica de los últimos años, "está en una situación mejor para asumir más posibilidades de endeudamiento y poner más recursos en contribución, ya que si se hubieran utilizado antes no sería posible".
"El recurso a la deuda en un instrumento importante en situaciones de crisis y caída de ingresos, pero hay que hacerlo con prudencia para garantizar que no agotamos las posibilidades futuras de endeudamiento", ha precisado.
Sobre el informe en relación con las ley de financiación de las comunidades autónomas, Rabanal ha avanzado que "de lo que se trata es de ratificar lo que se aprobó en la reunión de julio", y ha destacado que se analizará un "elemento importante" para Asturias como es el la "flexibilización de condiciones sobre la capacidad de imponer tributos propios a las regiones cuando el coincide el hecho imponible con las corporaciones locales".
Ha explicado que tal es el caso del impuesto sobre grandes superficies, que está recurrido por el Estado porque considera que coincide con los hechos imponibles del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
"Esta flexibilización, si se aprueba, permitirá a las comunidades autónomas más capacidad para imponer tributos propios, y en todo caso afectará positivamente al recurso de inconstitucionalidad de este impuesto", ha concluido.
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