Hoy por hoy, pagamos más por encender la luz, por poner la lavadora, por tener un coche y llenar el depósito, por ser propietarios de un piso y, en algunos casos, ahora también porque nos recojan la basura. Pagamos a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al Estado, y los recibos se acumulan, cada vez abultan más y son más numerosos. Sabemos que el año que viene nos subirán el IVA y Hacienda se quedará con un poco más de lo que renten nuestros ahorros, pero los expertos advierten que el futuro nos depara más 'sorpresas desagradables'.
Pese al incremento del ahorro, "hoy en día somos todos más pobres..., y el año que viene viviremos peor". Es el oscuro panorama que dibuja Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, cuando se le pregunta por los impuestos. "Los ayuntamientos han estado pagando gastos corrientes (personal, luz...) a base de la venta de suelo, y cuando esa vía se ha agotado, han tenido que exprimir otros caminos", afirma. Ésta es la razón de que los madrileños, por ejemplo, se enfrenten de nuevo a una tasa de basuras que había desaparecido hacía años. Una tasa que también están imponiendo otras administraciones locales para compensar la merma de ingresos.
Y es que los ayuntamientos acumulan una deuda que asciende a 32.677 millones de euros —el 3,1% del PIB, según el Banco de España—, y los Presupuestos Generales para 2010 no van a ayudarles a sanear sus cuentas. La financiación de las haciendas locales de cara al año que viene cae un 18,2%, lo que supone casi 3.000 millones menos para las maltrechas arcas municipales.
"La situación es muy mala, nunca antes se había vivido algo así", asegura Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias), que afirma que los ayuntamientos "necesitan recibir cada año 20.000 millones de euros de la recaudación estatal para sobrevivir". En 2008, esta cifra se limitó a 17.000 millones, y en 2010 se rebajará a 14.000.
"No tenemos recorrido para implantar nuevos impuestos", asegura Arahuetes, quien explica que sólo existen cinco impuestos locales: el de bienes inmuebles (IBI); el de vehículos de tracción mecánica (IVTM); el de actividades económicas (IAE); el de construcción, instalaciones y obras (ICIO); y el de plusvalías (IVTNU), y éstos ya se han exprimido al máximo. En su opinión, sólo les queda "contener los gastos, reducir los servicios prestados —garantizando los mínimos necesarios—, y establecer tasas desaparecidas o segregarlas de otros impuestos o tributos". Cada ejecutivo local opta por una u otra fórmula, o por cualquier combinación de las mismas.
En Segovia, por ejemplo, Arahuetes planea "bajar el IBI y el ICIO un 1%". La tasa de basuras recuperada por Gallardón está dando muchos quebraderos de cabeza a los madrileños. En Ferrol se plantean implantar una tasa por las antenas de telefonía móvil, y en Córdoba están dispuestos a cobrar por la celebración de bodas civiles. Mientras tanto, otras administraciones apuestan por emitir su propia deuda pública, e incluso optan por aligerar sus plantillas —casi 400.000 empleados pueden ver amenazados sus puestos de trabajo, según la ex ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo—. Todo vale para evitar la bancarrota, a la que muchos ayuntamientos podrían verse abocados si no rellenan sus arcas.
El balance en las comunidades autónomas no es mucho más positivo. El incremento del paro ha desplomado la recaudación del IRPF, y la contracción de la actividad económica ha hundido la recaudación del IVA y del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, unas regiones se han visto más afectadas que otras. Cataluña, por ejemplo, es la más endeudada, ya que debe cerca de 24.000 millones de euros (el 12% del PIB regional); le sigue, aunque a distancia, la Comunidad Valenciana, que acumula una deuda pública de casi 14.000 millones (13,4% de su PIB), con una caída de los ingresos que supera el 23%; y, después, la de Madrid, con 11.722 millones, aunque esta cifra sólo representa el 6% de su PIB.
No obstante, la comunidad autónoma que más se ha endeudado este año ha sido Castilla-La Mancha. Su déficit ha pasado de representar el 5,6% de su PIB, al 9,4% en sólo 12 meses. Mientras tanto, la crisis apenas ha rozado las arcas del País Vasco, cuyos ingresos se han reducido un 4%, frente a la aparatosa caída del 28% que ha sufrido la región murciana. El castigo también está siendo fuerte en Galicia, Castilla y León y Aragón, cuyos ingresos bajan en torno al 20%.
Por eso hay quien opina que "aún falta por llegar la subida de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el de Transmisiones, o el de Sucesiones y Donaciones", advierte el portavoz de los inspectores de Hacienda.
De momento, el proyecto de Presupuestos Generales de 2010 aprueba una revisión al alza del valor catastral de los inmuebles del 1%, basándose en que la inflación se situará en ese nivel el año que viene. Es lo que algunos ya han bautizado como "catastrazo" porque, como explica De la Torre, "esta revisión al alza no es consistente con las bajadas de precios que está viviendo el mercado, pero sí tiene mucho que ver con la reducción de ingresos".
Para nuestros bolsillos, que se apruebe esta revisión supone que nos subirán el IBI más de lo que ya lo han hecho algunos ayuntamientos, pues éstos cobran este impuesto referenciándolo al valor catastral, lo que supone que éste subirá en la misma medida; y lo mismo ocurrirá con el de plusvalías. Además, aquellos que tengan una segunda vivienda tendrán que pagar más por ella en su declaración de la renta, pues su valor catastral se grava en el IRPF con un 2%. Y como el importe mínimo a pagar por el Impuesto de Sucesiones se calcula en base al valor catastral, los que hereden tendrán que estar muy atentos, porque el coste que declaren "no podrá ser inferior a dos veces el valor catastral", que ahora sube.
De cara al futuro, los expertos opinan que los impuestos especiales también tienen muchas papeletas para recibir una nueva subida. Es decir, que fumar, tomarse una copa, enchufar la plancha o llenar el depósito del coche puede costar aún más a partir del año que viene.
La razón es muy simple: el gravamen que se aplica a estos productos es más bajo que el de otros países de la Unión Europea. Además, un aumento en este tipo de tributos puede justificarse 'enmascarándolo' bajo la excusa de impulsar la economía sostenible —caso de la gasolina y la electricidad—, o al objeto de cuidar de la salud pública —si hablamos del tabaco y el alcohol—.
El año pasado, los impuestos especiales permitieron ingresar en las arcas estatales 19.750 millones de euros. Con la subida aplicada en junio a la gasolina y el tabaco, el Ministerio de Economía espera obtener 2.200 millones adicionales, y aún hay margen para un nuevo incremento a la vista de las tasas que se pagan en otros países vecinos.
España también mantiene impuestos relativamente bajos en alcohol y electricidad. Por ejemplo, aplica un gravamen de 830 euros por hectolitro de alcohol puro, un 77% por debajo del vigente en Francia, y un 244% inferior a los tributos que mantiene Reino Unido. En cuanto a la electricidad, nuestro Gobierno aplica la tasa mínima exigida por la UE, 1 euro/Mwh, y eso pese a la subida del 2% aplicada en julio.
Con estas perspectivas, 2010 se nos presenta bastante negro. Tendremos que rascarnos más el bolsillo, y sufriremos los recortes de presupuesto en nuestras carnes. El tijeretazo ya se ha dejado notar este año en las fiestas patronales, pero el próximo ejercicio puede afectar a servicios más populares, como bibliotecas, guarderías, servicio a mayores... Las arcas públicas ingresan menos dinero, pero nosotros cada vez pagamos más y recibimos menos. ¿A alguien le salen las cuentas?
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