Bogotá.- El Gobierno colombiano ofreció hoy asesoría jurídica y respaldo a los dos militares que fueron condenados a 31 años de prisión por un bombardeo en un caserío del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, en el que murieron hace 11 años un total de 17 civiles.
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Jorge Ballesteros, señaló a periodistas que se utilizarán todos los recursos jurídicos disponibles para garantizar la defensa de los dos pilotos que participaron en los hechos.
"Creemos y presumimos la inocencia de nuestras tripulaciones hasta tanto se pruebe lo contrario, al termino del proceso", dijo el oficial.
Ballesteros indicó que se hará uso de todos los recursos jurídicos disponibles para garantizar "una defensa justa en las más altas instancias jurídicas".
"Como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el señor ministro de Defensa, Gabriel Silva, es una responsabilidad velar por el debido proceso de todos los integrantes de la Fuerza Pública", agregó.
A finales del mes pasado un juez condenó a 31 años y ocho meses de prisión a los dos militares e impuso seis años de cárcel a un tercer militar, que integraba con los otros dos la tripulación del helicóptero desde el cual fue lanzada la bomba de racimo que causó la tragedia.
La condena mayor la recibieron el piloto y copiloto del helicóptero, los tenientes César Romero Padilla y Johan Jiménez Valencia, respectivamente. La pena menor fue para el técnico Héctor Mario Hernández.
La condena fue adoptada dentro de un nuevo juicio contra los procesados, todos ellos de la FAC, que realizaron el ataque, cerca del caserío Santo Domingo, con base en las coordenadas que les fueron suministradas por una aeronave estadounidense.
En la sentencia, el juez subrayó que "no se remite la menor duda de que las víctimas y todos los habitantes de Santo Domingo fueron expuestos de manera injustificada y desproporcionada a los efectos de un ataque aéreo de alta intensidad."
El Tribunal de Bogotá consideró que "las conductas fueron cometidas y consumadas (por los militares) con dolo eventual", lo cual fue compartido por la Fiscalía, que en la nueva vista pidió que los tres fueran declarados responsables de "homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales dolosas".
El bombardeo fue realizado el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, aldea rural de la localidad de Tame, desde una de las aeronaves que participaban en una operación por aire y tierra contra los frentes 10 y 45 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además de los 17 muertos, cuatro de ellos menores de edad, la acción dejó 21 heridos, también civiles.
Por causa de ese ataque Estados Unidos castigó a la base de Palanquero, desde donde salieron las aeronaves, prohibiendo que se destinaran allí los dineros enviados dentro del Plan Colombia.
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