BOGOTÁ (COLOMBIA).- Álvaro Uribe es uno de los escasos políticos del mundo que es capaz de multiplicar el número de sus partidarios en las urnas cada vez que se presenta a unas elecciones presidenciales. En mayo de 2002 obtuvo la presidencia con casi seis millones de votos, una cifra equivalente al 53% de total.
En mayo de 2006 este porcentaje alcanzó un 62% con más de siete millones votos, la más alta proporción conseguida por un candidato en los últimos 40 años. Barrió a sus contrincantes en 30 de los 32 departamentos del país aunque sólo acudió a votar el 45% de los 27 millones de electores. No sería de extrañar que si se presentara a una nueva reelección en mayo de 2010 volviese a triunfar de forma contundente.
Uribe se ha beneficiado de la incapacidad del Partido Liberal por encontrar un candidato atractivo y alternativo. Sus responsables siguen bajo el influjo del varapalo que sufrieron en 2006 al perder dos millones y medio de votos y ser superados por el Polo Democrático Alternativo, una coalición de fuerzas de izquierda, que también ha perdido una gran oportunidad histórica por culpa de las divisiones internas. El otrora influyente Partido Conservador está herido de muerte desde hace años y sigue existiendo porque apoyó junto a otras seis fuerzas minoritarias a Uribe en 2006.
Uribe ha conseguido convencer a los colombianos de que su política dura de Seguridad Democrática es necesaria para estabilizar el país sin importar el precio en muertos y desplazados internos.
Además, por primera vez en muchos años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están perdiendo terreno y recibiendo golpes muy contundentes. La liberación de 15 secuestrados en julio de año pasado fue el revés psicológico más duro de los últimos años. El gobierno de Uribe consiguió movilizar en febrero de este año a millones de ciudadanos contra la política de secuestros a largo plazo que lleva a cabo uno de los grupos guerrilleros más longevo del mundo.
Pero el grave problema es que existen muchas denuncias sobre la vinculación directa de Uribe con grupos paramilitares y los señores de la guerra que se organizaron para luchar contra las acciones guerrilleras y que hoy se han convertido en un peligroso poder en la sombra vinculado al narcotráfico.
Las investigaciones sobre compra de votos en algunos departamentos colombianos han puesto en duda el triunfo por mayoría absoluta en las elecciones de 2002. En algunos colegios con fuerte presencia paramilitar, el número de votantes fue superior al 90% a pesar de que la abstención nacional fue superior al 50%. Se ha hablado de varios centenares de miles de votos comprados por el paramilitarismo, suficientes para evitar una segunda vuelta.
En junio de 2007, una de las cadenas de televisión colombianas mostró un video en el que se veía a Uribe rodeado de paramilitares muy conocidos de Barrancabermeja, municipio del conflictivo departamento de Santander. Las imágenes habían sido tomadas el 31 de octubre de 2001 cuando Uribe era candidato presidencial. Uno de los paramilitares presentes estaba involucrado en ochenta asesinatos. Andrés Peñate, director de la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), definió a este potencial aliado de Uribe como "un homicida y un secuestrador".
En algunos departamentos muy golpeados por la violencia guerrillera colaborar con los paramilitares siempre fue considerado como un mal menor o, peor, como algo normal ya que éstos se habían enfrentados a los grupos armados izquierdistas y habían conseguido expulsarlos.
El baño de sangre, con continuas masacres y la utilización masiva de la desaparición forzosa, y el desplazamiento de millones de colombianos, que ha convertido a Colombia en el segundo país del mundo en número de desplazados, fueron considerados simples daños colaterales.
Las vinculaciones de los políticos con el narcoparamilitarismo ha destrozado la institucionalidad colombiana. Una tercera parte de los senadores y el 15% de los representantes (equivalentes a nuestros diputados) han sido investigados por sus nexos con los paramilitares. Hablamos de más de 100 congresistas de los que una veintena están ya encarcelados. La mayoría de los involucrados pertenecen a la coalición que respalda a Uribe.
Los tentáculos del narcoparamilitarismo también han penetrado en las alcaldías, los concejos municipales y asambleas departamentales. La Fiscalía está investigando otros 300 casos contra funcionarios locales.
Uribe decidió extraditar en mayo de 2008 a los principales jefes paramilitares vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos por su desinterés en colaborar con la justicia o utilizar sus confesiones como arma chantajista.
Pero lo curioso es que esta histórica decisión se tomó cuando decenas de congresistas, en su mayoría vinculados a la coalición uribista, comenzaban a ser marcados como aliados políticos en los testimonios de los jefes paramilitares.
Los más suspicaces consideran que Uribe se quitó un peso de encima cuando la DEA comenzó los traslados a Estados Unidos y los hombres más poderosos y criminales del país pasaron a engordar las cárceles estadounidenses.
Aunque quizá Uribe sólo ha ganado algo de tiempo. Algunos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, han negociado beneficios fiscales por colaborar con la justicia estadounidense y colombiana, contando todo lo que saben sobre las execrables relaciones entre el poder político y el narcoparamilitarismo.
Cualquier día puede estallar una bomba política en Colombia.
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