Vitoria.- La orden del Gobierno Vasco que regula las ayudas para que ayuntamientos, entidades y empresas privadas contraten a siete mil personas en situación de exclusión social durante un período de seis meses se publicará dentro de aproximadamente un mes.
Los integrantes de la mesa de diálogo social del País Vasco, compuesta por Gobierno Vasco, la patronal Confebask y los sindicatos CCOO y UGT han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de este programa extraordinario de ayudas contemplado dentro del plan anticrisis del Ejecutivo autonómico "+Euskadi 09" que cuenta con una dotación de 63 millones de euros.
Los 7.000 destinatarios de los empleos que se generarán son parados que no cobran prestaciones de desempleo y perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos.
Las ayudas podrán solicitarlas los ayuntamientos o entidades dependientes o vinculadas a una administración local, las entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas que presenten proyectos relacionados con actividades como nuevas tecnologías, energías renovables, medio ambiente, reciclaje, recuperación del arte y el patrimonio o servicios de proximidad, entre otras actividades.
Los contratos que se realicen no podrán sustituir a empleos de actividades que ya se desarrollan ni a personal que realiza "tareas habituales" que ya ofertan los ayuntamientos, entidades y empresas.
Además, los contratos laborales tendrán que ser a tiempo completo, por un período máximo de seis meses y el salario será el que corresponda en función de la actividad con el mínimo garantizado que establezca el convenio sectorial correspondiente, aunque en ningún caso los sueldos podrán superar los 1.500 euros al mes.
Así lo han explicado en una rueda de prensa, tras concluir una reunión de la mesa de diálogo social, la consejera vasca de Empleo, Gemma Zabaleta; el secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, y los secretarios generales de UGT Euskadi, Dámaso Casado, y de CCOO, Unai Sordo.
Todos ellos han destacado el trabajo que está desarrollando este foro social del que se han excluido los sindicatos ELA y LAB y cuyo objetivo es consensuar medidas para favorecer el empleo y la formación a los más desfavorecidos.
La orden que regula la creación de los 7.000 empleos estará lista más o menos dentro de un mes y tendrá una vigencia de doce meses. Las primeras adjudicaciones se prevé que se produzcan antes de que acabe este año, según ha aclarado Zabaleta.
Al menos el 30% de las contrataciones irán dirigidas a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, aunque este porcentaje es flexible, y en la concesión de ayudas se tendrá en cuenta el número de desempleados y la tasa de paro del municipio o comarca a la que pertenecen las personas que van a ser contratadas.
La consejera ha subrayado que los empleos tendrán que cubrir "necesidades prioritarias de interés social" y, aunque los contratos tendrán una duración de seis meses, el objetivo es facilitar la inserción laboral posterior de los beneficiados.
La selección del personal será competencia de las oficinas de empleo del INEM y de Lanbide y se creará una comisión de seguimiento en la mesa de diálogo social para evaluar el proceso de solicitudes y resoluciones.
Actualmente, unas 50.000 personas cobran la Renta de Garantía de Ingresos, mientras que el número de parados en Euskadi ronda los 120.000, de los que aproximadamente 30.000 no perciben prestaciones por desempleo, según datos estimativos de UGT y CCOO.
El representante de Confebask ha valorado de este programa "de contenido social para actividades de interés general" que se haya incorporado al mismo a las empresas privadas.
Dámaso Casado ha destacado los acuerdos que se están dando en la mesa de diálogo social y ha precisado que en las contrataciones para los 7.000 empleos no habrá discriminación por edades, mientras que Unai Sordo ha dicho que estos acuerdos ponen en valor la mesa de diálogo social e impulsan los empleos dignos.
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