Caracas.- El Gobierno del presidente Hugo Chávez descalificó hoy la huelga de hambre de estudiantes universitarios en demanda de que la OEA "constate que se persigue a la disidencia" e incluso aseguró que algunos de ellos se alimentan clandestinamente.
"Se acuestan en una acera, comen arepas (tortillas) de cochino clandestinamente, les dan jugos y alimentos para mantenerse vigorosos", aseguró el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton.
Se trata de estudiantes que obedecen a "intereses, instrucciones e inspiraciones (de la oposición política a Chávez) que no tienen nada que ver con el vigor y la combatividad juvenil", añadió el diplomático en declaraciones a medios estatales de prensa.
El ministro de Educación, Héctor Navarro, dijo a su vez que no pasa de ser "un show mediático" esa huelga que inicialmente comenzó ante la sede de la OEA una decena de estudiantes hace seis días y que en la actualidad involucra a cerca de un centenar, incluso con adhesiones de estudiantes en otras ciudades.
"Cuando las huelgas de hambre son serias existe incomunicación, sin embargo, estos muchachos tienen un constante acceso a los medios de comunicación", añadió el ministro y pidió a la ciudadanía "no dejarse confundir".
Pese a que desde anoche los organismos de asistencia han trasladado a centros médicos a al menos cinco huelguistas, tras constatar diversos trastornos, Navarro insistió en que "debemos tener cuidado porque este es un tema fundamental de opinión pública y ellos lo están manejando como un show" con fines "desestabilizadores".
La huelga de hambre se inició en rechazo a que la Fiscalía acusara de delitos penales al estudiante Julio Rivas, detenido dos semanas después de que una marcha contra el Gobierno concluyera el pasado 22 de agosto con el derribo de una valla policial y una arremetida con piedras a un grupo de policías en Caracas.
Rivas fue liberado el lunes pasado y tras dejar la prisión se sumó de inmediato a los huelguistas.
En un documento que entregaron en la OEA el pasado viernes, los estudiantes pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe una delegación al país para que constante lo que llaman "criminalización de la protesta política".
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