Zaragoza.- El PSOE y el PAR han impedido hoy con sus votos que saliera adelante una iniciativa de CHA, respaldada por toda la oposición, en la que se instaba al Gobierno de Aragón que solicitara al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), en el que el pasado abril se desató una trama de corrupción urbanística con implicación de la alcaldesa y otros cargos municipales.
En la proposición no de Ley votada hoy en el Pleno de las Cortes se pedía esta disolución de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Esta ley establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia o del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, y previo acuerdo favorable del Senado, puede disolver un Ayuntamiento "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales y que suponga incumplimiento de las obligaciones constitucionales".
El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha defendido la propuesta, que ha justificado en la situación desatada en el Consistorio después de un escándalo político "casi sin precedentes" y que ha generado una importante "alarma social".
Además, se ha referido al "grave daño" en el funcionamiento diario del Consistorio, a la compleja situación de la casa consistorial causada por la dimisión de algunos concejales, al cúmulo de delitos supuestamente cometidos por un número importante de cargos públicos y a confirmadas irregularidades en la actuación urbanística.
Todos estos motivos, ha explicado Bernal, se incluyen, punto por punto, en el decreto de disolución que firmó el Consejo de Ministros para el Ayuntamiento de Marbella, motivo por el que ha considerado que debería hacerse lo propio con el Consistorio de La Muela.
A su juicio, el Gobierno de Aragón debería de haber solicitado "hace mucho" la disolución del Ayuntamiento, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, es la principal imputada en la trama y que, tras pasar tres meses en prisión, ha vuelto a ocupar su sillón de primera edil contribuyendo decisivamente, según Bernal, al "desgobierno" en el municipio.
Los portavoces de PSOE y PAR se han mostrado rotundamente en contra de cualquier actuación corrupta y en esta línea el socialista Carlos Tomás ha calificado de "desfachatez" que Pinilla y los otros concejales imputados hayan vuelto a ocupar sus sillones, aún estando imputados en decenas de graves delitos de corrupción.
Pero el camino para superar estos problemas, ha agregado, no es que el Parlamento autonómico inste al Gobierno a que pida su disolución, entre otras cosas porque es muy probable que el Consejo de Ministros rechazara la petición.
Ha hecho hincapié en que se trata de un "hecho aislado" entre los 731 municipios aragoneses y ha insistido en que sería "muy injusto" que por un caso asilado los ciudadanos se quedaran con la impresión de que las instituciones son "un refugio de desalmados".
En una línea parecida, la aragonesista María Herrero ha apostado por apoyar y colaborar con el juez que investiga la trama corrupta y ha recordado que de los 35 imputados, ningunos sigue en la cárcel ni ha sido inhabilitado para cargo público, como sí sucedió en el caso de Marbella.
La alcaldesa de La Muela era del PAR, pero Herrero ha recordado, por otro lado, que el partido actuó "con prontitud" cuando se destapó el caso, en menos de 24 horas, y ahora el Partido Aragonés "no tiene ningún concejal en La Muela", algo que "no todos" los partidos han hecho.
El debate de esta iniciativa ha generado una bronca, en el turno de explicación de voto, entre los portavoces del PP y de IU, Antonio Suárez y Adolfo Barrena, ya que éste último, en su intervención, se refirió al municipio toledano de Seseña, donde se descubrió una trama similar que fue denunciada por la oposición ante la Fiscalía.
Barrena ha reprochado al PP que la Ley Urbanística que permite este tipo de actuaciones fue promulgada por un Gobierno del Partido Popular, y ha insistido en que siempre ha habido y habrá "chorizos, sinvergüenzas y corruptos", pero una ley urbanística "más social y menos especulativa" impediría determinado tipo de actuaciones.
Por el PP, Antonio Suárez ha defendido el "rotundo sí" de su grupo a pedir la disolución y ha exigido "responsabilidades políticas" a los miembros del Gobierno de Aragón y de los grupos que lo apoyan, porque al pedir la disolución del Ayuntamiento, a su juicio, tendrían la ocasión de dignificar el ejercicio de la política y de defender las instituciones democráticas.
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