Zaragoza.- El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha achacado parte de los problemas destapados en La Muela (Zaragoza) por una supuesta trama de corrupción urbanística a la Ley del Suelo de 1998, que permitía desarrollos urbanísticos "excesivos" pero que el Ejecutivo "no podía parar".
Iglesias ha respondido hoy en el pleno de las Cortes de Aragón a tres preguntas de la oposición sobre la corrupción urbanística en el ayuntamiento de La Muela, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), está en la cárcel de Zuera desde hace dos meses, y por las posibles implicaciones y responsabilidades políticas del Ejecutivo autonómico en el caso.
El presidente ha asegurado que los delitos que se les acusa a algunas de las más de veinte personas imputadas en el caso son "gravísimos" (cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, prevaricación, fraude o blanqueo, entre otros), pero no pueden ser considerados delitos urbanísticos.
Ha reconocido que al Gobierno de Aragón el desarrollo de La Muela le parecía "excesivo", pero era "difícil" contenerlo porque entonces existía una ley, la de 1998 "de liberalización del suelo", que permitía a los ayuntamientos, según ha explicado, desarrollar su planeamiento en cualquier parte que se considerase oportuno siempre que no fuera un área especialmente protegida.
Ahora, ha añadido, esa ley "ha cambiado" (en 2004) y con la nueva normativa sería "imposible" el desarrollo llevado a cabo en La Muela y su planeamiento urbanístico, que hoy es "legal" porque se aprobó de acuerdo con la ley de 1998.
Se ha mostrado convencido, no obstante, de que esa ley del Suelo de 1998, con la que no está de acuerdo, no se hizo con criterios espúreos, con ánimo de "dejar delinquir" o con mala fe, sino porque se pensó que liberalizar el suelo bajaría su precio, cosa que no sucedió.
Además, las leyes son "muy importantes", ha reconocido, pero por sí solas no garantizan "que quien quiera cometer un delito no lo cometa", y por eso ha insistido en que hay que mejorarlas pero también en que es "imprescindible" la "honestidad y dignidad" de quienes tienen que aplicarlas.
En el caso de La Muela hay un juez que, auxiliado por una unidad especializada de la Policía, ha investigado esta trama durante un año y "nada" de lo que se conoce hasta ahora "afecta a ningún miembro del Gobierno de Aragón".
No tienen la misma opinión los portavoces de PP, CHA e IU, quienes han incidido en la necesidad de que el Ejecutivo asuma sus "responsabilidades políticas".
Para Eloy Suárez (PP), el presidente lo primero que debería haber hecho es "dar la cara" en la tribuna del Parlamento y no ampararse en la "cápsula" que el PSOE y el PAR han creado a su alrededor para que no dé explicaciones, algo que no se entiende "si no hay nada que esconder".
A su juicio, los delitos cometidos por los imputados en la trama están "vinculados directamente" con el mal funcionamiento de las administraciones públicas, "por omisión o por intereses extraños", y eso exige "responsabilidades políticas", que no tienen nada que ver con las judiciales.
La policía dice, ha agregado, que las relaciones de la alcaldesa con el Gobierno de Aragón han sido "determinantes" para lograr sus objetivos, y eso sí es implicación política.
En otras Comunidades autónomas, ha reprochado, las piden, por lo que ha instado a Iglesias a que "predique con el ejemplo", a lo que el presidente le ha contestado que "no se puede defender en otros sitios la honorabilidad y presunción de inocencia de personas imputadas y acusar aquí a quienes no tienen ningún tipo de imputación".
Pero Nieves Ibeas (CHA) ha recordado que Iglesias ensalzó durante un tiempo, públicamente, las maneras de actuar de la alcaldesa, y ha insistido en que "cada día" se publican "distintas implicaciones" de miembros del Gobierno en la trama, y el presidente "sigue sin abrir la boca", aunque sea "absolutamente mentira" que el Gobierno no tenga que ver con lo que planean los ayuntamientos.
En este caso, ha añadido, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a recalificaciones urbanísticas, al PGOU o a la urbanización de millones de metros cuadrados sin estudio de impacto ambiental, por lo que el Gobierno está "metido hasta el cuello".
Por su parte, Adolfo Barrena (IU) ha considerado que como siempre va a haber "sinvergüenzas, corruptos y chorizos", es necesario promulgar una ley urbanística para que "a esa gente no le salga rentable" hacer negocio.
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