La Paz.- Dinamarca y Bolivia firmaron hoy un convenio por el cual la cooperación danesa otorgará 14 millones de dólares para financiar parte de un programa quinquenal de acceso a la Justicia, que hasta 2008 fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El acuerdo para financiar el Programa Pro Justicia fue suscrito por el ministro boliviano de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, la titular de Justicia, Celima Torrico, y el encargado de negocios de la Embajada de Dinamarca en Bolivia, Jacob Haugaard.
La ministra Torrico explicó que el programa garantizará el funcionamiento de 11 centros de Justicia en La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), donde se brinda atención legal gratuita a la población, e incluye la creación de entidades similares en 15 ciudades intermedias.
El plan también apoyará el fortalecimiento de las instituciones estatales relacionadas con el área de Justicia y la defensa de los derechos de las personas.
Torrico destacó el respaldo de Dinamarca y su "voluntad de apoyar al país sin ningún condicionamiento, alineándose a las políticas definidas soberanamente por el Gobierno de Bolivia".
De su lado, Aguirre aclaró que el programa financiado por EE.UU. concluyó el año pasado y aseguró que no se está sustituyendo la cooperación de una agencia internacional por otra.
"Sería incorrecto decir que esto sustituye a lo otro, sino que más bien amplía y cumple las políticas de desarrollo del país", dijo.
Reconoció que los recursos otorgados por Dinamarca "no son suficientes" para cubrir la totalidad del dinero requerido para el funcionamiento del programa, por lo que el Ejecutivo buscará respaldo adicional.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ejecutó hasta 2008 un programa de democracia a través del cual apoyó al fortalecimiento institucional en el área de Justicia y se crearon los centros integrados para el acceso gratuito a estos servicios, entre otras actividades.
La cooperación estadounidense disponía de cerca de 14 millones de dólares anuales para el funcionamiento de dos centros de Justicia (otros 11 pasaron a la administración estatal en mayo pasado) y para el fortalecimiento de instituciones democráticas.
El Gobierno de Evo Morales pidió la semana pasada a la USAID el cierre de estos programas antes del 25 de noviembre, con la intención de "redireccionar" hacia las áreas social y productiva los recursos que el país recibe de la agencia estadounidense.
A principios de este mes, el presidente Morales acusó a la USAID de financiar la campaña de los ex prefectos Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país, respectivamente, para los comicios de diciembre.
En 2008, Morales también denunció que la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA), la USAID y el embajador Philip Goldberg conspiraban contra su Gobierno, por lo que decidió expulsar al diplomático y a los miembros de la agencia antinarcóticos.
Aguirre indicó hoy que el Ejecutivo pidió a su par estadounidense que la relación bilateral se recomponga primero entre Estados y luego "pueda desembocar en acciones con otras entidades".
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