Quito.- El político opositor ecuatoriano y presidente del Parlamento Andino, Fausto Lupera, se resistió hoy, ante la Fiscalía, a revelar la fuente de una denuncia presentada el mes pasado sobre supuestas alteraciones en la Constitución aprobada en un referendo en septiembre de 2008.
Lupera, que pertenece al opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), no reveló cómo ni quién le proporcionó una grabación obtenida de forma subrepticia en el despacho del presidente de la República, Rafael Correa, en la que supuestamente se advierte de las presuntas alteraciones en el texto de la Carta Magna.
"Yo recibí de una persona que, por la delicadeza del asunto, no voy a decir quién es, porque en este rato ya estaría muerto", afirmó Lupera a periodistas, al finalizar una audiencia en la Fiscalía, que lo convocó para que declarara sobre este caso.
Según Lupera, su silencio pretende proteger a la fuente que le entregó la grabación clandestina, ante la presunta persecución del Gobierno contra la oposición.
"Nadie va a decir nada, porque saben que están en serio riesgo con este Gobierno que ha sido el peor de los gobiernos para perseguir a la oposición", afirmó el legislador ecuatoriano y reiteró que, según él, "hay un afán de persecución" a todos los que están en oposición a Rafael Correa.
Incluso dijo que en su comparecencia al Ministerio Público entregó "la foto de un agente de seguridad política" que, supuestamente, lo persigue.
Esa prueba la "acabo de entregar al fiscal general (Washington Pesántez), porque nos están persiguiendo... Mis teléfonos están intervenidos, no sólo el mío, sino todos los de la oposición. De esto debería preocuparse la Fiscalía", apostilló Lupera.
El mes pasado, el político Fernando Balda, también del PSP, presentó en un canal de televisión la grabación en la que, supuestamente, el presidente Correa conversa con legisladores afines al Gobierno y varios colaboradores sobre los cambios en la Constitución.
El Ejecutivo, entonces, envió a la Fiscalía la denuncia contra Balda por presentar públicamente la grabación clandestina, hecho que prohíbe la ley ecuatoriana, al tiempo de rechazar las denuncias de la oposición.
Balda, cuyo paradero se desconoce, no se ha presentado a rendir su testimonio ante la Fiscalía, pese a que existe una orden para que la Policía lo traslade, por la fuerza, hasta esa dependencia.
El político opositor ha afirmado, a través de la prensa, que no acudirá a la Fiscalía, porque considera que esa institución está sometida al Gobierno.
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