Las Palmas de Gran Canaria.- Once alcaldes de Gran Canaria instaron hoy al Gobierno canario a aumentar el endeudamiento de la comunidad autónoma en 2010 para financiar "exclusivamente" a las haciendas territoriales, con lo que se acometería así una de las "medidas urgentes" que exigen sus problemas de financiación.
Así lo anunció hoy en un comunicado el Ayuntamiento de Ingenio, que, junto a los de San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Artenara, Teror, Gáldar y San Mateo, presentarán al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, un documento en el que le expondrán la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la gravedad de la situación económica global de crisis y su impacto en la economía canaria, que está originando "múltiples dificultades" para recabar recursos destinados a financiar las haciendas locales e insulares canarias.
Según este informe, el sector insular y local canario ha ido asumiendo múltiples servicios y funciones que originan elevados costes, directos e indirectos, cuya suficiencia financiera no se garantiza con las actuales y escasas fuentes de financiación de que disponen.
La caída de recaudación de los recursos destinados a la financiación de las haciendas territoriales supone una quiebra del principio de suficiencia financiera que debe conjugarse con la necesidad de garantizar los niveles de prestación básica de los servicios públicos esenciales.
Es por ello por lo que los once alcaldes grancanarios propondrán que las cantidades procedentes del extinto IGTE, recientemente negociadas con el Estado para los años 2009 y 2010, se distribuyan en su totalidad a los cabildos y ayuntamientos canarios, "no sujetando su reparto a los porcentajes de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias".
En opinión de estos alcaldes, la totalidad de las cuantías del IGTE permitiría disminuir, parcialmente, el déficit que viene generando el coste adicional de las competencias transferidas, tal y como acreditan los informes remitidos por los cabildos insulares al Parlamento de Canarias.
Como antecedente, estos municipios mencionaron las cantidades que, por este concepto, dejaron de compensarse en los ejercicios 2004 y 2005, que ascendieron a 40 y 80 millones respectivamente, y fueron en su totalidad destinados a cubrir gasto sanitario de la comunidad autónoma, sin que se hubiesen aplicado los criterios de reparto de la Ley 9/2003.
Los once alcaldes grancanarios también solicitan al presidente regional que se revisen los actuales porcentajes de reparto de los recursos del Bloque de Financiación Canario, aprobados por la Ley 9/2003 y que queden fijados en un 70 por ciento para las corporaciones locales canarias y un 30 por ciento para la comunidad autónoma.
Otra de las propuestas que harán llegar a Rivero será la de establecer una moratoria para la devolución de las cantidades percibidas de más durante el presente ejercicio del Bloque de Financiación Canario, siguiendo un criterio similar al establecido por el Estado para con las comunidades autónomas y modificar el porcentaje previsto en el artículo 4 de la Ley 9/2003, adaptando el coste de gestión a los gastos reales, eliminando el límite mínimo establecido en el citado precepto legal.
Introducir mejoras en la gestión e inspección de los tributos integrantes del llamado bloque de financiación canario que redunden en una mayor eficiencia en la gestión recaudatoria; instar al Gobierno de Canarias a dar continuidad a los planes sectoriales que contaban con financiación insular y local y colaborar en la financiación de las haciendas territoriales canarias durante el periodo 2010-2012 a través de los distintos instrumentos de los que dispone la hacienda autonómica como titular de la potestad tributaria derivada y en el marco de su autonomía financiera, serán otras de las peticiones que presentarán a Rivero.
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