Logroño.- El presidente del sindicato de profesores ANPE-Rioja, José Manuel Reinares, asegura que los profesores "callan mucho más" que lo que denuncian en lo referente a agresiones o ataques por parte de los alumnos.
En una entrevista con EFE, Reinares se muestra convencido de que el hecho de que un profesor denuncie una agresión por un alumno no significa que no haya más casos, ya que, "normalmente, un profesor calla muchas situaciones porque la denuncia conlleva una situación incómoda para él".
Satisfecho de la creación, en 2005, del departamento del Defensor del Profesor, anima al profesorado a denunciar situaciones, que han proliferado en el último año con ataques en las redes sociales.
"Gracias a que hay personas que deciden que no se puede menospreciar su dignidad y servicios como el Defensor del Profesor, que trata de restablecer la dignidad en los centros educativos, se conocen estas situaciones".
Una de las denuncias tramitadas por ANPE, informa Reinares, ha prosperado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que ha denunciado el caso -ocurrido el pasado año en un instituto de Logroño- y lo ha calificado como un ataque contra la integridad de las personas.
El presidente de ANPE-Rioja también expresa su rechazo a las recientes declaraciones de la FEAPA y asegura que con el reconocimiento legal a la autoridad del profesor "no pedimos volver a los tiempos pasados, sino lograr una dignificación social de la tarea del profesor, un reconocimiento a su profesión y una presunción de veracidad en las agresiones o atentados contra él".
ANPE aboga por que la necesidad de reforzar la autoridad del profesor en La Rioja, donde existe un decreto que reconoce al profesor la condición de autoridad pública "sólo es a efectos de convivencia, no a todos los efectos de una norma superior como es una ley autonómica", informa Reinares.
Califica de "positiva" la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de elaborar una Ley de Autoridad del Profesor con un rango legal mayor que el decreto de La Rioja, que entiende que "ha quedado descafeinado" porque sólo afecta al personal funcionario.
Cree, sin embargo, que este decreto se complementa con la calificación de la Fiscalía de atentado a la autoridad cualquier agresión grave a un profesor y su tipificación como delito con pena de dos a cuatro años de cárcel.
Actualmente, explica, varias comunidades autónomas tienen regulaciones menores al respecto, como La Rioja, y subraya que sería deseable que el futuro Estatuto Docente recogiera, con rango legal, la figura de autoridad del profesor para el conjunto nacional.
Aún así, sostiene que es bueno normas como la propuesta por la Comunidad de Madrid, que extiendan la condición a todo el profesorado del ámbito autonómico, con independencia de que trabajen en centros públicos o concertados.
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