Madrid.- La comunidad educativa y los políticos se ha mostrado divididos ante la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores rango de autoridad pública.
La Ley de Autoridad del Profesor, que según ha explicado hoy Aguirre será presentada próximamente en el Parlamento autonómico, supone además una subida de sueldo para jefes de estudios y secretarios, como compensación por ser los responsables del mantenimiento del orden.
Según Aguirre son los profesores los que reclaman desde hace tiempo "apoyo" y que se "refuerce su autoridad", demanda que la Comunidad de Madrid se propone atender con la Ley de Autoridad del Profesor, en la que las faltas contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad.
Aguirre pretende también que las "familias se impliquen más en el cumplimiento de las normas" establecidas en el Decreto de Convivencia de 2007, entre ellas la prohibición del uso del teléfono móvil en las clases.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respaldado esa propuesta y ha recordado que su partido presentó en julio una iniciativa parlamentaria para modificar la ley de Educación en ese sentido, de forma que se puedan tipificar penalmente las agresiones que sufran los profesores.
Con ello, la Fiscalía podría perseguir de oficio los delitos cometidos contra los maestros y profesores, que, además, tendrían garantizado el derecho de presunción de veracidad.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha dicho que le gustaría que este tipo de decisiones se tomaran dentro del pacto social y político por la educación y que, a falta de ver el alcance y competencias que se le atribuyen a la ley, la considera una iniciativa "positiva".
Asimismo, el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha recordado que el PSOE impulsa un Pacto de Estado por la Educación para garantizar la seguridad de los profesores en las aulas, ya que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado, según ha sostenido.
Por su parte, los sindicatos de la enseñanza y las principales asociaciones de padres y madres de alumnos han expresado opiniones diversas.
La Federación de Enseñanza de CCOO, sindicato mayoritario en la enseñanza pública, considera que el profesorado necesita el "respaldo decidido e incondicional" de las administraciones para evitar las agresiones a los docentes y que, en caso de producirse, éstas sean castigadas convenientemente.
En el mismo sentido, el sindicato ANPE ha recordado que el reconocimiento de la autoridad pública al profesorado es una "histórica aspiración" de su organización y ha pedido a la Comunidad de Castilla y León que siga el ejemplo de Madrid.
También han aplaudido el anuncio la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la COFAPA, que considera la iniciativa "un paso más" para recuperar la valoración social del maestro.
Por el contrario, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Pedro Racón, ha calificado la propuesta de "despropósito", pues sostiene que la autoridad de los profesores no se puede otorgar "a base de decretos" y que la iniciativa puede crear "confrontación" en la comunidad educativa.
La propuesta de Aguirre no es pionera ya que desde diciembre de 2008, la Fiscalía General del Estado (FGE) otorga a los profesores la condición de autoridad a efectos penales por lo que una agresión grave contra un docente puede ser calificada como atentado contra la autoridad, aunque sólo en centros públicos, donde los profesores ostentan la condición de funcionario.
Además, el conseller valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, ha recordado que su Comunidad ha sido la primera en reconocer a los profesores como autoridad pública, mientras que la Junta de Castilla y León regula desde 2006 todo lo relacionado con la autoridad de los docentes dentro del Plan de Convivencia Escolar.
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