La Paz.- El Gobierno de Evo Morales instruyó el cierre de todos los programas de apoyo al sector de la justicia financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), informaron hoy medios locales.
El canciller, David Choquehuanca, dijo al diario La Razón que el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, envió una carta a la cooperación estadounidense para informarle que debe cerrar sus programas antes del 25 de noviembre.
Choquehuanca señaló que los Gobiernos de Bolivia y EE.UU. están "en proceso de negociación sobre la cooperación" de USAID y agregó que "hay varios programas" sujetos a una evaluación.
En tanto, Aguirre dijo al periódico La Prensa que se pretende iniciar un proceso de "reordenamiento" de la cooperación de EE.UU. para que los recursos que eran invertidos en los programas de justicia sean derivados a las áreas social y productiva.
Según ese medio, la Embajada de EE.UU. en Bolivia indicó que "está comprometida desde mayo con un diálogo más amplio, actualmente en curso, con el Gobierno de Bolivia" y que uno de los temas en discusión es la cooperación internacional.
USAID financia desde hace cinco años el funcionamiento de 13 centros de justicia en localidades de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), donde se brinda atención legal gratuita a la población.
Once de los 13 centros pasaron a la administración del Gobierno en mayo pasado, en tanto que los otros dos fueron cerrados a inicios de septiembre y se declaró vacación colectiva para el personal, según el diario La Razón.
El presidente boliviano acusó a inicios del mes a la agencia estadounidense de financiar la campaña de los ex prefectos Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, candidatos a la presidencia y vicepresidencia para los comicios generales del 6 de diciembre.
En 2008, Morales también denunció que USAID, la agencia antinarcóticos del mismo país (DEA) y el embajador estadounidense Philip Goldberg conspiraban contra su Gobierno.
El deterioro de las relaciones bilaterales alcanzó su punto máximo hace un año con la expulsión mutua de los embajadores de ambos países y la posterior suspensión para Bolivia de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA).
No obstante, el Gobierno de Morales y la Administración de Barack Obama intentan desde mayo mejorar la relación bilateral.
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