Montevideo.- El Gobierno uruguayo espera un "fallo contundente" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el enfrentamiento con el Gobierno argentino por la construcción y funcionamiento de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia que mañana inicia su fase de audiencias públicas.
Así lo afirmó recientemente el ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Gonzalo Fernández, reconocido jurista y que coordinó el grupo de expertos uruguayos y extranjeros que lleva el tema hasta el pasado 31 de agosto, cuando asumió como ministro de Defensa Nacional.
También aseguró que el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez está preparado para recibir "una palmadita" (toque de atención) de la CIJ.
"Pensamos, y es nuestra expectativa compartida con el nuevo canciller, Pedro Vaz, que en lo que hace a al demanda en sí a la pretensión procesal (de Argentina) de impedir antes la construcción y ahora el funcionamiento de la planta procesadora de pasta de celulosa, va a ser un fallo contundente en favor de Uruguay", dijo.
El ex canciller uruguayo destacó, sin embargo, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya "más allá de ser un órgano jurisdiccional es también un órgano político o que suele emitir fallos muy políticos".
"Ni siquiera todos sus jueces son magistrados de carrera, muchos de ellos son embajadores y es probable que le den una palmadita a uno y a otro (de los Gobiernos)", dijo.
En el caso de Uruguay, "la palmadita pueda provenir por algún aspecto de orden formal", estimó el Gonzalo Fernández.
Sin embargo, la demanda principal en cuanto a impedir la construcción y actualmente el funcionamiento de la planta de celulosa, "será un fallo contundente a favor de Uruguay", enfatizó.
El Gobierno argentino presentó una denuncia ante la CIJ en mayo de 2006 con el argumento de que Montevideo violó el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó, supuestamente de manera inconsulta, la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río, límite natural entre ambos países.
Además, reclamó una medida cautelar que supusiera la detención de las obras de construcción de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia con el argumento de que causaría daños al medio ambiente de la zona.
El Gobierno uruguayo rechazó los argumentos asegurando que se dio información a Argentina del proyecto y que los estudios técnicos descartaban la supuesta contaminación.
El Estatuto del Río Uruguay prevé que la administración de los recursos del río debe ser conjunta entre ambos Gobiernos.
La planta comenzó a operar en noviembre de 2007, con una capacidad anual de un millón de toneladas de pasta base de celulosa y, según los estudios técnicos, incluso algunos argentinos, no ha causado daños ni contaminación al medio ambiente de la zona.
En principio estaba prevista la ubicación en la misma zona, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, de otra planta de celulosa de la empresa española ENCE, pero en medio del conflicto sus directivos decidieron trasladarla más al sur, a la zona de Punta Pereira y a orillas de la costa del Río de la Plata.
Más tarde, en medio de la crisis internacional, ENCE decidió vender su negocio, que fue adquirido por la finlandesa Stora Enso en sociedad con el grupo chileno Arauca.
Uruguay también pidió a la CIJ, sin éxito, una medida cautelar que obligara al Gobierno argentino a poner fin al bloqueo de puentes entre ambos países que realizan grupos de vecinos de la provincia de Entre Ríos en protesta contra la planta de Botnia.
El principal puente sobre el río Uruguay, que une a la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, a cinco kilómetros de la cual se encuentra la planta de celulosa de Botnia, está bloqueado desde hace más de tres años.
Ese bloqueo, según estimaciones oficiales uruguayas, ha supuesto pérdidas para el país de más de 500 millones de dólares en turismo y comercio.
La construcción de la planta de Botnia, con una inversión de 1.800 millones de dólares, fue la mayor en la historia de Uruguay.
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