Bogotá.- El senador colombiano Gustavo Petro, quien busca la candidatura de la izquierda en los comicios presidenciales del año próximo, propuso hoy que se denuncie a las FARC ante la Corte Penal Internacional (CPI) por incurrir en crímenes de guerra con los uniformados que mantiene en condición de rehenes.
Las FARC "ejercen torturas y, por tanto, crímenes de guerra contra sus secuestrados y prisioneros", afirmó Petro en declaraciones a Efe desde la ciudad central de Villavicencio, adonde viajó dentro de su campaña como precandidato a la Presidencia por el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).
El legislador se refirió a las condiciones en las que los guerrilleros tienen a los diez rehenes cuyas pruebas de vida fueron decomisadas hace siete días por el Ejército a un presunto rebelde que se dirigía de Villavicencio a Bogotá.
Estos uniformados aparecen con cadenas al cuello y muestran en sus semblantes los rigores del secuestro, condición en la que están desde hace más de diez años.
Petro propuso que sea una "comisión pluripartidista" la que asuma la tarea de denunciar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ante la CPI por crímenes de guerra.
Como expresión de unidad del pueblo colombiano en el rechazo al caso de los rehenes, dicho comité debe reunir a los partidos de la coalición en el Gobierno con el presidente Álvaro Uribe y también de la oposición, así como a organizaciones defensoras de derechos humanos y fuerzas sociales, precisó el líder de izquierda y antiguo rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
En este sentido, Petro dijo que invitaba a adherirse a esta iniciativa a su colega Piedad Córdoba, congresista por el también opositor Partido Liberal Colombiano (PLC), que el jueves previó que Uribe podrá quedar en manos de la CPI incluso antes que las FARC.
El jefe de Estado quedará en manos del tribunal internacional por negarse a facilitar la puesta en libertad de los cautivos y perpetuar el dolor de los demás, con lo cual ha infringido el Derecho Internacional Humanitario y los protocolos que lo adicionan, consideró la congresista, antigua facilitadora en gestiones sobre los rehenes que las FARC pretenden canjear por insurgentes presos.
La CPI tendrá competencia plena sobre Colombia a partir de noviembre próximo, con el vencimiento de la salvedad de siete años que el Gobierno hizo en 2002 para sustraer del alcance de este tribunal los casos de crímenes de guerra, a fin de facilitar eventuales procesos de paz con los grupos armados ilegales.
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